LA ASOCIACION Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado sus quejas a los defensores del pueblo andaluz y español por haber transcurrido dos años desde que la Junta de Andalucía pusiera fin al Servicio de Asistencia Jurídico--Penitenciaria. Se trata, según la asociación, de la eliminación de un derecho imprescindible para 15.000 personas privadas de libertad.
