La economía mejora y con ello las perspectivas de las empresas. Así parece desprenderse del último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales. Según este estudio, tanto los despidos como los concursos de acreedores han disminuido en Córdoba en el primer semestre del 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso de las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social de Córdoba, la caída es de un 28,4%, ya que de enero a junio del 2015 se contabilizaron 779 y en el primer semestre de este año la cifra ha bajado a 557. Especialmente significativo ha sido el descenso en el primer trimestre, ya que frente a las 487 demandas que se recibieron el año anterior, en este ejercicio han sido 263 las registradas de enero a marzo. En el segundo trimestre del 2016 se han despachado 294, un número muy similar al del mismo periodo del 2015.

En cuanto a los concursos de empresas en situación de insolvencia que ha tramitado el juzgado de lo Mercantil, el número ha caído a la mitad. Si en el primer semestre del ejercicio pasado se declararon y tramitaron 34 (la misma cifra que en el mismo periodo del 2014), de enero a junio de este año han sido 16. Y como en el caso de los despidos, el descenso ha sido aún más notable en el primer trimestre, ya que de los 19 concursos del 2015 se ha pasado a los 8 del 2016.

Así las cosas, tomando los órganos judiciales como termómetro, los datos del CGPJ vienen a revelar una mejoría de la coyuntura económica. Algo que, de paso, alivia también la carga de trabajo de los juzgados encargados de los asuntos relacionados con la crisis. Por ejemplo, los cuatro juzgados de lo Social de Córdoba recibieron en el primer semestre del año anterior 2.341 asuntos, mientras que en el mismo periodo de este año han sido 1.998, un 14,6% menos.

A este respecto, y a la hora de valorar el descenso de expedientes que se había producido en lo Social ya en el primer trimestre del año, el presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, apuntó que estaba «fuertemente relacionado con la mejora de la economía». «Las empresas que han sobrevivido a la crisis están ya más saneadas y han reestructurado sus plantillas, hay menos despidos y eso está provocando una mejora en el tiempo de la respuesta judicial» en unos órganos que, no obstante, «siguen soportando una carga de trabajo muy superior» a la fijada por el Consejo General del Poder Judicial.