Si hay un acontecimiento que causó revuelo en relación a las parcelaciones irregulares, ese fue el derribo de la primera vivienda ilegal en la Sierra. El 1 de abril del 2008, la Gerencia de Urbanismo inició la demolición de una casa de dos plantas construida en el 2001 en suelo no urbanizable de especial protección. El organismo municipal dictó una orden de derribo del inmueble en el 2004 y, un año después, el TSJA avaló la demolición. A mitad de marzo del 2008, Urbanismo puso día y hora para tirar la vivienda, momento que fue un auténtico drama para la propietaria, que unos meses después se vio inmersa en otro proceso judicial por instalar una casa prefabricada en el mismo lugar. Aquello sucedió unos meses después de otro derribo que fue muy mediático, el de cinco viviendas ilegales en Obejo.

Tras aquella demolición llegaron otras, aunque ya ejecutadas por los propios propietarios, como la de una vivienda construida por un padre y un hijo en Las Pitas, en el entorno protegido de Medina Azahara.

A raíz del derribo de San Cristóbal se supo que Urbanismo tenía abiertos una decena de expedientes de restitución de la legalidad urbanística infringida, de los que tres eran de parcelaciones incipientes. También se conoció que entre el 2000 y el 2008 se produjeron una veintena de resoluciones judiciales sobre edificaciones ilegales.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? Este periódico ha intentado, sin éxito, tener datos de la evolución de la edificación ilegal y de la situación actual, tanto en Urbanismo como en la vía judicial. Lo más reciente en relación con las parcelaciones es la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de una parcelación incipiente en otra zona de la Sierra, El Jardinito, que adelantó el sábado CÓRDOBA y que pone en evidencia que la edificación irregular no cesa, a pesar de que se ha frenado.

En estos diez años se han producido cambios en relación a las parcelaciones, que cuentan con nuevas herramientas como el decreto relativo a suelo no urbanizable de la Junta del 2012, o la modificación de la LOUA de agosto del 2016. Además, esta misma semana el Parlamento aprobará otro cambio normativo para adelantar servicios básicos de forma provisional. A pesar de los pasos dados, ninguna parcelación ha logrado llegar al final del proceso de legalización.

La Gerencia de Urbanismo considera que tras aquel derribo se frenaron las parcelaciones y las construcciones de casas. Además, considera que la crisis también ha influido en el cese de la edificación. A pesar de ello, fuentes de este organismo reconocen que aún «hay denuncias de la Policía» y que se siguen poniendo en marcha expedientes de protección de la legalidad y sancionadores. «No hay muchos, pero hay», aseguran estas fuentes. «A veces», añaden, «se produce la ejecución de viarios». Urbanismo asevera que la prioridad es frenar «las parcelaciones incipientes, en las que se están haciendo los viarios o las primeras edificaciones».

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, considera que el derribo de San Cristóbal «responde a una época marcada por la LOUA», que «ha paralizado construcciones ilegales como todos deseábamos». Sin embargo, aquella demolición de abril del 2008 «no deja de ser una anécdota», una «llamada de atención». De Gracia considera que la prioridad ahora es «dedicarse a dar servicios y a regularizar todas las viviendas posibles». A su juicio, «las leyes y los tribunales han certificado que ya no se puede derribar lo existente y, por tanto, hay que procurar su integración en la ciudad». A pesar de ello, se muestra a favor de que «no se permita construir donde no se debe».

Ecologistas en Acción, asociación que ha denunciado en más de una ocasión la existencia de edificaciones ilegales en zonas protegidas, y que se suma a la denuncia realizada por A Desalambrar en relación a una parcelación incipiente en El Jardinito, reconoce que no se construye como en los ochenta, noventa o principios de la década pasada, pero se siguen detectando edificaciones irregulares. Fuentes de esta asociación explican que el perfil del parcelista de hace treinta años no es igual que el de ahora. «Antes lo habitual era la autoconstrucción de una vivienda, pero hoy se hace un chalet en toda regla». Además, se producen «construcciones puntuales en zonas vulnerables y frágiles». En relación al Jardinito, explica que es una parcelación en la que se diferencia la zona en la que se concentran las viviendas y «los bordes», en los que «si no hay una tutela activa por parte de las administraciones, siempre hay personas dispuestas o tentadas a aprovechar los espacios libres para seguir aumentando el número de viviendas». A su juicio, «existe falta de celo por parte de las administraciones de cara a aplicar la disciplina urbanística».