El caso de las supuestas mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo que abonaba la Junta se enmaraña cada vez más. Ayer, entre otros, estaba citado a declarar como testigo el asesor laboral, fiscal y contable externo de la Fundación Guadalquivir Futuro, una de las entidades a través de la cual se habrían cometido estas prácticas. Al parecer, se le había pedido que aportara al juzgado el soporte contable de la misma, pero no lo hizo porque sostuvo que su despacho, como denunció, había sufrido un ataque informático y los archivos han desaparecido a causa de un virus, según informaron fuentes cercanas al caso.

Ayer también declaró el cuarto investigado por esta causa, el vicepresidente de la Fundación, José Antonio González. Las fuentes consultadas apuntaron que negó las mordidas pero sí habló de donaciones voluntarias, aunque en su declaración se habrían producido muchas contradicciones, añadieron. Este investigado se suma a la presidenta de la entidad, Ángeles Muñoz; su hijo y exsecretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Cristian Menacho, y la que fuera número dos de JSA, Alejandra Pérez. Esta declaró, eso sí, que era una víctima más de las mordidas, según apuntaron en su día fuentes judiciales.

También pasó ayer por el juzgado de Instrucción número 8, que investiga el caso, el parlamentario andaluz de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, quien ratificó la denuncia presentada por su formación y aseguró que los expedientes de la Consejería de Empleo «confirman» las mordidas. Moreno Yagüe explicó a los periodistas que fueron los propios trabajadores quienes les comunicaron la práctica a la que eran sometidos y que, posteriormente, «como diputados hemos accedido a los expedientes de la Consejería de Empleo y confirman todos los hechos». Según dijo, constituían «simples mordidas» en los salarios que se pagaban con las subvenciones públicas, «simples -añadió- en cuanto que la figura presuntamente delictiva es que estaban extorsionando a los trabajadores».

El parlamentario señaló que en la ampliación de denuncia que hizo Podemos hace unas semanas «se relacionaban más hechos y apuntábamos, porque no había pruebas, que podía haber más asociaciones que funcionaran de la misma forma aquí en Córdoba y en relación a Empleo». Por esto, a nivel parlamentario han pedido toda la información del Plan Emplea 2015 y 2016 «para ver si realmente esta sospecha que tenemos se confirma o no».