UN SINDICATO del Ayuntamiento denunció ayer ante la Fiscalía dos contratos de servicios adjudicados por decreto en el 2013 por el presidente del Imdeco a un despacho de abogados por 21.780 euros --límite económico de los contratos menores-- y 15.125. El sindicato considera que se produjo un fraccionamiento, prohibido por la ley, para eludir los requisitos de publicidad y, por tanto, "un presunto delito de prevaricación en su modalidad administrativa". Por ello, pide a la Fiscalía que investigue los dos contratos y otros del 2014 y 2015.
