La demanda contra la empresa municipal Vimcorsa presentada en primavera por la unión temporal Convento de Santa Clara (Construcciones Ros Zapata y Construcciones Calero Infante), empresa que resultó adjudicataria de las obras de reforma del palacete barroco del convento de Santa Cruz, sigue su curso. Mañana mismo está prevista la audiencia previa de la reclamación presentada en el juzgado por la constructora para exigir a Vimcorsa el pago de 118.492 euros, que es la parte que le corresponde en base a un convenio firmado en el 2014 para lograr una subvención del Ministerio de Fomento. La reforma, ya acabada tras algo más de un año de obra, ha costado 560.000 euros, de los que 360.000 abonó Fomento por el 1,5% cultural.

En una primera demanda, presentada en abril, la constructora reclamaba a Vimcorsa 113.610 euros más intereses, que ascendieron a 118.492 en una ampliación de la misma interpuesta un mes después. En ella, la constructora recuerda que en diciembre del 2013 hubo una declaración institucional aprobada por el Pleno por unanimidad para apoyar la rehabilitación del palacete. También indica que el 19 de diciembre del 2014 se firmó un convenio en el que se fijaba el coste de la reforma en 630.159 euros, de los que un 25% (139.924) se comprometió a aportar Vimcorsa.

Tras lograr la subvención estatal e iniciar la reforma, la adjudicataria empezó a emitir certificaciones, pero, según la demanda, «ninguna de las facturas» fue pagada por Vimcorsa. La demanda indica también que «ninguna de las gestiones amistosas llevadas a cabo para intentar el cobro de la deuda han dado resultado».

Cabe recordar que, tras la demanda, que adelantó este periódico en junio, la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, restó importancia al conflicto, asegurando que se encontraba en vías de solución y que respondía a cuestiones meramente formales. Unos días después, cuando se produjo la presentación oficial de los resultados de la obra del palacete barroco, Vimcorsa también mostró su intención de hallar una solución antes de fin de año.

En su respuesta a la demanda, la empresa municipal niega los argumentos esgrimidos por la constructora. En relación a lo aprobado por el Pleno en diciembre del 2013, el letrado que defiende a Vimcorsa expone que fue una simple «declaración institucional» que se enmarca «en la esfera puramente política», y «sin valor jurídico alguno». En cuanto al posterior convenio del 2014, señala que fue «un documento programático», una «declaración de intenciones», ya que en el momento de su firma no se sabía aún si el proyecto iba a recibir la subvención estatal, por lo que de él «tampoco se pueden derivar obligaciones directas». Además, indica que se establecen obligaciones a cargo del Ayuntamiento (que una vez rehabilitado el edificio se encargue de su gestión) «sin que dicha administración intervenga en el convenio».

En la respuesta a la demanda, la empresa municipal concluye que no existe «deuda que abonar» ni procede el devengo de interés alguno.