Para explicar el actual caos normativo que está llevando a los ciudadanos a la confusión hay que empezar recordando que la ley siempre ha obligado a cada propietario a la conservación y mantenimiento de su inmueble, ya que en caso de que presente peligro estructural o en alguno de sus elementos la Administración local puede actuar de oficio para desalojarlo, sanearlo o incluso demolerlo, bien obligando al propietario o pasándole después los costes de forma subsidiaria.

Capítulo aparte está la actual ordenanza de Inspección Técnica de Edificios (ITE), que entró en vigor en el 2011 tras una experiencia en los barrios de la Axerquía Norte en el proyecto de Area de Rehabilitación Concertada. La ITE da un plazo, más corto mientras más antiguo sea el inmueble, para que los edificios pasen los exámenes. Una vez superado el plazo, la ITE es obligatoria para trámites de compraventa, alquiler, petición de licencias municipales, seguros, solicitud de subvenciones, etcétera. Cuesta entre 300 y 500 euros de media. En Córdoba, además, la ITE estudia la accesibilidad del edificio.

Por otro lado, una norma estatal de junio creó el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), obligatorio dentro de cinco años para todo edificio y ahora mismo para cualquiera que se quiera alquilar, comprar o vender, etcétera. Esta misma norma estatal también crea otra figura que aumenta la confusión: el Informe de Evaluación del Edificio, que vendría a ser un título de ITE más el Certificado de Eficiencia Energética.