La intervención del ministro Montoro de las cuentas del Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena, por lo que estima como incumplimiento «reiterado» de la regla de gasto, ha puesto en alerta a los ayuntamientos españoles, incluido el cordobés, que viven bajo el corsé de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La famosa regla, que ahora obliga a poner en remojo las barbas de muchos consistorios, implica limitar el gasto a la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que garantiza el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera por parte de las administraciones públicas, advirtió el pasado mes de julio que el Ayuntamiento de Córdoba presentaba un riesgo «moderado» de incumplir en 2017 la regla de gasto. También lo hizo la interventora municipal, que advertía de un posible incumplimiento de la regla de gasto en el último trimestre del año. Se sabrá si existe o no incumplimiento con la liquidación del presupuesto de 2017, cuyos datos se remiten al Ministerio de Hacienda en abril.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, indicó ayer que por ahora son previsiones de la interventora y de la autoridad fiscal independiente, pero que habrá que esperar con atención a la liquidación del presupuesto para ver si se cumplen o no.

La teniente alcalde de Hacienda, Alba Doblas, cree que el escenario planteado en Madrid es un anticipo: «El PP le ha cogido el gusto a gobernar sin votos y donde no los tiene interviene buscando cualquier excusa. Después de Madrid, vendrán los demás». Para Doblas (IU), esto responde a «una motivación política, porque hay muchos más ayuntamientos del PP que no han sido capaces de cumplir la regla de gasto». Además, recuerda que el incumplimiento de esta regla no da lugar a la intervención (el incumplimiento de estabilidad y la sostenibilidad financiera, sí). De incumplirse la regla de gasto, el Ayuntamiento de Córdoba se vería obligado a realizar un plan económico y financiero (PEF), que debería aprobar la Junta de Andalucía, como órgano de tutela, y no el Ministerio de Hacienda, como ha ocurrido en el caso de la capital madrileña.

Desde Ganemos (la marca homóloga a Ahora Madrid) expresaron también ayer su rechazo a la decisión del Ministerio de Hacienda de intervenir las cuentas madrileñas. Para la concejala María Ángeles Aguilera, «Montoro quiere cercar a Carmena porque no quiere ayuntamientos liderados por las candidaturas del cambio y siguen empeñados en asfixiar la autonomía local».