La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) presentó ayer en el juzgado de guardia dos denuncias para que el juez investigue si hubo prevaricación en el contrato para la gestión turística del Alcázar de los Reyes Cristianos y en la adjudicación de la asesoría jurídica del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) al despacho de abogados Cuatrecases. Estas actuaciones se efectuaron durante el anterior mandato municipal, por lo que las denuncias "deben ir dirigidas en un principio" contra Miguel Reina y Rafael Navas, "sin perjuicio de que la instrucción arroje responsabilidad sobre otras personas", según apuntó el abogado Marcos Carrascal.
El letrado señaló que en el caso del Imdeco "hay un fraccionamiento claro de contratos, porque se ha producido una misma prestación de servicios durante tres años y se ha instrumentado a través de distintos contratos menores fraccionados". Esto ha supuesto que se hayan evitado "los controles de publicidad y concurrencia competitiva" que marca la ley "en caso de que la licitación se hubiera hecho realmente por el tiempo y el valor que ha tenido".
En relación a la gestión del Alcázar, Carrascal dijo que hubo "un primer contrato desde el 2013 en el que sí que se licita conforme a derecho, pero en el momento que expira en octubre del año pasado se prorroga automáticamente" por decreto de Navas, "cuando el propio contrato excluía que se pudiera prorrogar".
EL DEBER Francisco Moro, delegado sindical de la CTA, subrayó que "es obligación de cualquier ciudadano u organización" denunciar cualquier delito "que pueda cometer la Administración y nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y entendemos que el gobierno municipal también tendría que hacer lo mismo y no sabemos por qué no lo ha hecho".
Añadió que "sabemos que se hay una investigación de la Intervención respecto al Alcázar" y que si desde ella se llega a las mismas conclusiones "a las que hemos llegado nosotros, posiblemente también venga para el juzgado" , que deberá decir "si estamos en lo cierto o no".
