El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, Armando García, ha dictado un auto en el que exige al sindicato Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) una fianza de 18.000 euros para personarse como acusación popular en la denuncia que presentó al expresidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) en el anterior gobierno municipal, Miguel Reina, por presunta prevaricación administrativa (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta).
CTA denunció en mayo del 2015 al exconcejal Reina, al que hizo responsable, como presidente del Imdeco, del fraccionamiento de contratos púbicos realizado por ese organismo autónomo municipal a favor del despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira para el asesoramiento jurídico-laboral relativo a los empleados públicos. Ese fraccionamiento, según la denuncia , está "expresamente prohibido en la Ley de Contratos del Sector Público", que establece que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".
La cuantía de la fianza (18.000 euros) corresponde "al importe aproximado de los contratos pretendidamente prevaricados", señala el juez en el auto.
El secretario general de CTA, Francisco Moro, indicó que el sindicato tiene presentada otra denuncia contra el anterior concejal de Empleo, Rafael Navas (PP), por prorrogar el contrato para la proyección del espectáculo de luz, agua y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, que estaba expresamente prohibido en el pliego de condiciones de ese contrato. Moro cree que este asunto correrá la misma suerte que el de Reina y que se le exigirá una fianza para personarse como acusación popular.
El dirigente sindical considera que el importe de la fianza es "absolutamente desproporcionado", porque su sindicato "no recibe subvenciones de ningún tipo y vive de las cuotas de sus afiliados". Añadió que se ha recurrido a la Audiencia la exigencia de ese depósito.
