El secretario general de CTA, Francisco Moro, y el secretario de organización de este sindicato en Córdoba y de la Vega del Guadalquivir, José Parras, han devuelto las críticas a los trabajadores encausados por defraudar a la Seguridad Social con la compra de jornadas que les permitiera llegar al mínimo para cobrar el desempleo, unos 300 casos en Córdoba, señalado como culpables de esta situación en su lugar y directamente a empresarios, que solamente declararían una mínima parte de las jornadas trabajadas (afirma Moro), y a la propia normativa del Régimen Especial Agrario por suponer un agravio respecto al Régimen General de la Seguridad Social.
Para Moro, estos 300 trabajadores (principalmente en Bujalance y Puente Genil, más aún si sumamos otros casos en Andalucía como los que se han dado masivamente en Osuna) podrían ser condenados a devolver lo cobrado con intereses, de 1 a 2 años de suspensión del derecho a futuras prestaciones y penas de entre 6 meses a 2 años, todo ello después de haberse llevado la sorpresa en muchos casos “de haber trabajado, por ejemplo, 20 jornadas en un mes y encontrarse que les han apuntado siete, cuatro o tres”.
“Claro que tienen que recurrir a comprar jornadas, ¿se van a morir de hambre si no?”, justifica el secretario general de CTA., quien insiste que “la víctima es el trabajador”, acusando de esta situación al empresario, al Gobierno por propiciar el estado de necesidad del jornalero y al discriminatorio régimen de la Seguridad Social, que hace que “en las inspecciones sólo se mire a los trabajadores” creando “un drama social que viven cientos de jornaleros”.
