El secretario general de la CTA, Francisco Moro, denunció ayer que los trabajadores que están recogiendo en Córdoba la naranja amarga cobran por debajo de lo que cobrarían según el convenio del sector. Sadeco ha puesto este año en manos de una empresa privada (la que ha resultado adjudicataria del contrato fue Fepamic) la recolección de naranjas por un importe de 171.000 euros, después de los problemas ocasionados por la tardanza de la recogida el año pasado. Fepamic, con la que se intentó contactar ayer en dos ocasiones sin éxito, ha contratado a 60 trabajadores hasta marzo con esta finalidad.

En concreto, según explicó Moro, el sueldo bruto de estos empleados es de 856 euros todos los meses por jornadas de 40 horas semanales, seis días a la semana. «El día les sale a 26 euros, mientras que los jornaleros del campo cobran a 48 euros el día». El sindicalista explicó que esta situación se produce por «una falta de control de la Administración» y porque Fepamic no aplica el convenio colectivo del sector sino el 14º Convenio Colectivo de Disminuidos, que tiene unos salarios más bajos y pueden aplicar las empresas de inserción social.

Francisco Moro criticó que esto ocurre porque el primer teniente de alcalde y presidente de la empresa de limpieza, Pedro García, está «externalizando servicios» y «se vanagloria de crear empleos de inserción social», pero «esas son las políticas progresistas de izquierdas que hace», ironizó.

Por otro lado, Francisco Moro defendió la subrogación por parte del Ayuntamiento de Córdoba de los empleados que trabajan en empresas privadas con regularidad para el área de Infraestructuras a través de un concurso-oposición. Este sindicato calcula que hay 140 trabajadores en esta situación y que tendrían que ser absorbidos por el propio Ayuntamiento y no por un organismo municipal creado ex profeso, como estudia hacer la Delegación de Infraestructuras. El responsable de la CTA en Córdoba volvió a criticar esta medida porque, a su juicio, solo persigue fines «clientelistas» y rechazó que la subrogación solo afecte a los empleados de Thaler y Clece, sino que se haga también con el resto de empresas (como Fepamic o Contenur) y autónomos que trabajan de manera regular para esta delegación. Moro fue muy crítico tanto con la concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi (IU), como con el sindicato CCOO, que forma parte de la comisión para buscar fórmulas de gestión pública de los servicios municipales. «Han dejado que Infraestructuras se destruya y se caiga con la excusa de que no se podía contratar», dijo Moro, que defiende desde hace tiempo que se pueden contratar interinos para paliar la falta de personal en las delegaciones municipales, pese a la normativa estatal.