La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafi Crespín, defendió ayer, en declaraciones a la cadena SER, que el Gobierno andaluz haya optado por la fórmula público-privada para sacar a concurso la concesión de la gestión y mejora de los aparcamientos del hospital Reina Sofía, proyecto que contempla como contraprestación que la empresa a la que se adjudique esta iniciativa estará obligada a reformar los estacionamientos, los accesos al hospital y a construir un centro de consultas materno-infantiles. «Desde la responsabilidad querría pedir a la sociedad cordobesa que no deje pasar una inversión de 11 millones de euros para modernizar el Reina Sofía, que es referente nacional, por una polémica que está vacía de contenido». A la polémica que se refería Crespín es a las diferentes reacciones en contra de este proyecto debido a las posibles tarifas que se cobrarían por usar el párking del hospital. «Se han hablado muchas cosas que no responden a la verdad, porque no van a ser los precios que han dicho muchos portavoces. Estamos trabajando con los ciudadanos y ya hemos hablado con 54 colectivos. Y también estamos trabajando con las empresas que opten al proyecto, para que el precio por aparcar sea el mínimo posible», añadió la delegada del Gobierno.

Sobre este mismo tema, la delegada de Salud, María Ángeles Luna, lamentó las críticas vertidas por el PP, «intentando enturbiar diciendo que hay oscurantismo en este proyecto, cuando se pueden consultar las condiciones del pliego en la página web del hospital. El proceso es tan transparente que hasta lo conocía el exalcalde José Antonio Nieto. Es un proyecto que puede ser mejorable. Por eso, nos vamos a sentar con los vecinos, pacientes y cuidadoras, para ampliar el abanico de tarifas y que el precio por aparcar sea lo menos costoso». Por otro lado, la directora gerente del Reina Sofía, Marina Álvarez, insistió en «la legalidad del proceso», a pesar de que el PP anunciara ayer que pedirá que se suspenda el procedimiento.

Hoy se presentará una plataforma ciudadana, integrada por sindicatos, usuarios y otros colectivos, para mostrar su rechazo a la «privatización» de los aparcamientos del Reina Sofía.