La delegada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, advirtió ayer de que los problemas surgidos en la reforma del Palacio de Congresos de Torrijos, a raíz de los impagos denunciados por los subcontratistas, pueden derivar en penalización. Crespín explicó que la Junta ha dado diez días a la adjudicataria, Aldesa, para que "nos dé toda la información" relativa a la obra. Además, la propia delegada ha hecho "un llamamiento a la empresa para que pague a los subcontratistas" y le ha dado "una llamada de atención", avisándola de que "si no, tendremos que coger la ley de contratos y ver cómo se penaliza este tema porque nosotros, a día de hoy, estamos al corriente de los pagos". Crespín insistió en que "el problema de no cobrar las subcontratas no es de la Junta, es de la adjudicataria".
La delegada del Gobierno aseguró que cuando llegue la documentación, "la estudiaremos y veremos qué actitud tener". Lo que sí dejó claro es que "la Junta no se va a mantener pasiva", ya que "ha hecho lo que tenía que hacer, pagar", y "estará vigilante" para que "no haya terceros perjudicados, principalmente los subcontratistas y la ciudad". Asegura que las obras, aunque a ritmo lento, "están funcionando porque en el momento en que estén paradas, la ley de contratos contempla la penalización".
La delegada tiene previsto reunirse la semana que viene con los subcontratistas para conocer la situación, que no entiende. "Ellos --señala en referencia a Aldesa-- tienen una fecha de terminación, licitaron libremente y fueron adjudicatarios por un presupuesto" y, "si a partir de ahí ponen sobre la mesa diferentes proyectos complementarios, unos pueden ser admitidos por la dirección técnica, que asesora a la Junta, y otros no".
Aldesa, por su parte, tampoco quiso ayer dar su versión. Cabe recordar que Aldesa ofertó la obra con una baja del 17,19%, considerada "desproporcionada" por otra de las aspirantes, que presentó un recurso.
