A Córdoba le corresponderán 53 millones del Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno de la Junta. La cifra es aún aproximada y se concretará cuando el plan entre en vigor con su publicación en el BOJA. No obstante, a la provincia suele corresponderle el 10% del total y para toda Andalucía hay previstos 529 millones. El plan fue presentado ayer por la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, en la que fue su primera comparacencia como máxima representante de la Junta en Córdoba; y por el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito. Crespín explicó que el plan supone "la ampliación" del Decreto de Construcción Sostenible que se puso en marcha el año pasado --cuando se destinaron 150 millones a Andalucía y 14,3 a Córdoba--, y es una "apuesta de la Junta por la reactivación de la economía y el sector productivo y por la generación de empleo". Además, "devuelve la confianza al sector de la construcción", maltratado por la crisis. Ahorro energético y rehabilitación son palabras claves en este plan que tiene como horizonte el 2020.

Este plan permitirá solicitar ayudas para proyectos de ahorro energético, como la renovación de ventanas, la colocación de toldos, la mejora de la iluminación o la climatización, que fueron, por ese orden, los proyectos más demandados con los 14,3 millones del decreto del año pasado, que generaron más de 20 millones de inversión, se tradujeron en 2.148 actuaciones y crearon 917 contratos, según detalló Expósito, que aseguró que los requisitos para este año se conocerán "en los próximos días" cuando se publique el nuevo plan en el BOJA.

Entre las medidas que contempla el plan, Expósito enumeró la agilización y reducción de los trámites administrativos; medidas fiscales para ayudar a ejecutar los proyectos; la creación de un clúster de la construcción sostenible para establecer alianzas y captar y exportar proyectos; la constitución de una red de gestores energéticos como salida profesional dirigida a los más jóvenes; la creación de observatorios sectoriales que detecten las necesidades formativas; y la elaboración de un mapa de construcción sostenible.