Hay varios temas que son susceptibles de que acaben en bronca en el pleno, y la Iglesia es uno de ellos. La moción que derivó en pelea (huelga decir que verbal) la llevaron de manera conjunta IU y Ganemos --se inspiraron en un informe de Córdoba Laica--, y pedía la supresión de los privilegios fiscales de índole municipal (el pago del IBI y el ICIO) a los inmuebles de confesiones religiosas (todas, no solo la Iglesia católica), asociaciones y fundaciones que generen algún tipo de actividad económica o lucro. La enmienda transaccional la presentó el PSOE, que contó con el respaldo de IU y Ganemos (una parte es mejor que nada, dijeron) y Ciudadanos, que se abstuvo (en contra votaron PP y UCOR).

Lo que el pleno aprobó pasa por elaborar un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos registrados a nombre de todas las confesiones religiosas para actualizar el padrón de bienes y poder girar el IBI a aquellas propiedades cuyo uso no sea religioso. De este modo, los pisos, cocheras, locales y demás inmuebles destinados, por ejemplo, al alquiler o actividades comerciales que generan beneficio, no estarán exentos del pago de impuestos.

Los argumentos a favor ahondaron en la necesidad de que los impuestos sean iguales para todos y que se paguen en base al uso de los inmuebles. El representante de Córdoba Laica, Jesús García, afirmó que solo la Iglesia católica es propietaria de 443 inmuebles en Córdoba por los que no paga el IBI, cifrado en 1,2 millones de euros. Por contra, PP y UCOR, y en parte C’s, defendieron la labor social desempeñada por la Iglesia, que, según indicó el portavoz popular, José María Bellido, supone «un ahorro de entre 30.000 y 36.000 millones de euros al Estado».

LA PELEA Y EL INSULTO // El debate, que fue muy didáctico en general y abordó la dimensión de la ley de mecenazgo y del uso de las fundaciones para evadir impuestos, se acaloró en el segundo turno de respuestas cuando Alba Doblas (IU), dirigiéndose a José María Bellido (PP), dijo con ironía que entendía que quiera mandar a sus hijos a determinados colegios «para que no se mezclen con la pleble», a lo que el portavoz popular, poco dado al epíteto zafio, le zampó un «gilipollas» que fue rápidamente reprendido por la alcaldesa y rápidamente retirado por el autor: «Me he calentado como padre y por eso lo retiro», dijo. La alcaldesa, que ayer recurrió a su voto de calidad por la ausencia de la concejala Viky López, de baja por maternidad, aseguró que es muy difícil mantener el orden en las sesiones y lamentó la falta de respeto de algunas manifestaciones. «Hay un runrún constante y me parece impresentable desde lo que se provoca hasta lo que sale por la boca», criticó.

En otro orden de cosas, el pleno aprobó con los votos de PSOE, IU y Ganemos (y la abstención de C’s) una moción, impulsada por la plataforma cordobesa en defensa de las pensiones, para rechazar un producto paneuropeo de pensiones individuales propuesto por la Comisión Europea. Para quienes defienden la moción, este producto choca con el mantenimiento del sistema público de pensiones y alienta la creación de activos financieros tóxicos. Por contra, PP y UCOR defienden que son productos «voluntarios y complementarios», y acusan al resto de «hacer populismo por un puñado de votos».

DECLARACIONES RESPONSABLES // A propuesta de C’s salió adelante una moción para la puesta en marcha de la ordenanza de declaraciones responsables y de un plan municipal de inspección urbanística. La proposición salió adelante por unanimidad, apenas unos días después que la elaboración de esta ordenanza y de un texto alternativo levantara una polvareda política entre los socios de gobierno.

El pleno aprobó, por último, la liquidación definitiva del presupuesto del 2017, que arroja un remanente de tesorería de 23,48 millones, que se podrá destinar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles.