Los representantes en el Consejo del Movimiento Ciudadano de la periferia se reunieron ayer tarde con algunos de los representantes cordobeses en el Parlamento andaluz para hacerles llegar sus demandas, con la intención de que eleven sus peticiones y buscar una salida a su situación.

En concreto, asistieron a la reunión Miguel Ángel Torrico, del Partido Popular; David Moscoso, por Podemos, y Elena Cortés, por Izquierda Unida. Faltaron los representantes de Ciudadanos y PSOE, algo que fue criticado por los vecinos, ya que son los dos grupos que firmaron el pacto de gobernabilidad.

Según explicó a este periódico Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo, el encuentro sirvió para poner sobre la mesa una situación que afecta a seis distritos de la ciudad y, en concreto, a cuatro parcelaciones. Explica que el objetivo era hacer llegar a los parlamentarios la necesidad de defender los intereses de los parcelistas cordobeses, ya que, según expuso, se esperaba que las reformas de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aportaran un poco de claridad y salida, «pero se ha comprobado que no dan resultados o estos han sido mínimos».

En la reunión, señala De Gracia, se consiguieron varias cuestiones que los vecinos consideran fundamentales. La primera de ellas es que todos los grupos de la oposición tuvieran acceso al dossier con toda la documentación sobre la problemática de las urbanizaciones de la ciudad, para estudiarla y hacer llegar su contenido al Parlamento. En segundo lugar, señala, se han comprometido también a posibilitar encuentros con todos los grupos parlamentarios y hacer llegar de manera directa sus peticiones al Parlamento andaluz. Asimismo, explica el portavoz vecinal, también mostraron su disposición a apoyar cualquier iniciativa parlamentaria tendente a conseguir agilizar la dotación de servicios a las urbanizaciones en vías de regularización y a buscar otras vías para las demás. Asimismo, pidieron a los parlamentarios que, al ser tan lentos los procesos de reforma de la LOUA, se busque la manera de agilizar los procedimientos para que se puedan conseguir lo antes posibles las dotaciones para dichas urbanizaciones y que para las que sea algo más complicado se busquen soluciones sociales, para garantizar también los abastecimientos mínismos a los lugares que los necesiten.

De Gracia dijo que la entrada en vigor de la LOUA en el año 2002 sirvió para parar nuevas ocupaciones de terreno de manera desordenada, pero también se esperaba que sirviera para regularizar situaciones históricas que se habían consolidado y que, sin embargo, no han visto solución, asunto para el que reclaman más sensibilidad. La reunión de anoche es una de las planteadas en la hoja de ruta del Consejo para abordar este tema. Según De Gracia, lo siguiente será conseguir una reunión con el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, que está por confirmar, y más tarde otra con el consejero de Medio Ambiente.