El consejero de Empleo, Javier Carnero, ha comparecido esta mañana en el seno de la comisión de Empleo, Empresa y Comercio para informar sobre las últimas actuaciones realizadas por su departamento en relación con el expediente abierto a la Fundación Guadalquivir Futuro y a la Asociación Jóvenes Guadalquivir Futuro.
En su comparecencia, además de recordar las actuaciones iniciadas por su predecesor en el cargo, ha indicado que la Consejería de Empleo se ha personado en la causa contra estas entidades como parte afectada aunque no ha precisado desde cuándo exactamente ni por qué no se ha hecho público antes, como le han demandado desde la oposición.
El consejero ha informado además de que el reintegro de las subvenciones concedidas a estas entidades está "en trámite de apremio" en este momento y ha justificado la graduación de la sanción impuesta aludiendo a que ha sido decisión de los servicios jurídicos de la Consejería tramitarla en base a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y no acogiéndose a la Ley General de Subvenciones.
El grupo parlamentario de IU, encabezado por Elena Cortés, ha cuestionado los criterios de graduación de tales sanciones, considerando que habiéndose tipificado como infracción muy grave por parte de la Inspección de Trabajo, la cuantía debería haber sido mayor, lo que habría permitido además ampliar automáticamente la suspensión de acceso a las ayudas a todas las administraciones públicas. En su segunda intervención, Cortés ha insistido al consejero en este asunto, señalando que "si no se suspenden las subvenciones y esta entidad mantiene su modus operandi, la Consejería será cómplice de lo que pueda ocurrir, ya que ustedes están avalando que las siga recibiendo".
Durante la comisión, el grupo de Podemos, con David Moscoso al frente, ha planteado la necesidad de abrir una comisión de investigación en sede parlamentaria sobre el caso de las supuestas mordidas. También ha trasladado a Carnero que "si el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba han buscado ya fórmulas para impedir la concesión de nuevas subvenciones a estas entidades, la Junta debería hacer lo mismo".
En nombre del grupo popular, el diputado Miguel Ángel Torrico ha recordado la declaración de una testigo que relaciona a la acusada, Mari Angeles Muñoz, con el presidente del Parlamento y la consejera de Justicia, y ha pedido explicaciones también sobre las presuntas irregularidades cometidas en la asignación de una subvención nominativa por parte de la Diputación Provincial.
La portavoz socialista, Sonia Ruiz, ha respondido a las acusaciones recordando que ni Juan Pablo Durán ni Rosa Aguilar están personadas en la causa e instando al PP a que "si encuentran irregularidades en un proceso administrativo acudan a los juzgados y no a la prensa". Asimismo, ha reclamado a todos los grupos "prudencia" y que se evite el "escarnio" en los medios de personas que no forman parte del proceso judicial.
Cabe recordar que la Fundación Guadalquivir Futuro, la asociación Jóvenes Guadalquivir Futuro y la asociación de vecinos Nuevo Guadalquivir están inmersas en un proceso judicial tras la denuncia por parte de trabajadores a la Inspección de Trabajo a los que se les obligaba a entregar un 20% de su salario, abonado con cargo a subvenciones públicas.
