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ARARON UNA PARCELA PARA PLANTAR OLIVOS

Condenados a pagar un millón de euros a la Junta por causar daños en el yacimiento de Ategua

La magistrada les impone a cada uno de los tres acusados año y medio de prisión

 

Un agente de la Policía Autonómica, en el terreno que fue arado, a los pocos días de ocurrir los hechos. - CÓRDOBA

Rafael de la Haba Rafael de la Haba
08/06/2017

La titular del juzgado de lo Penal 4 de Córdoba ha condenado a un año y medio de prisión, además de al pago de una indemnización a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de más de un millón de euros, a tres acusados de causar daños con un arado en el yacimiento arqueológico de Ategua, en Santa Cruz. La magistrada los considera autores de un delito de daños en patrimonio histórico tras haber «ocasionado una irreparable pérdida de la información arqueológica del yacimiento» con unos trabajos para los que «no pidieron permiso».

La sentencia considera probado que en torno al 5 de agosto del 2015 los acusados, con la idea de plantar olivos, roturaron con un tractor una parcela situada a 300 metros lineales de la ciudad amurallada de Ategua y en el entorno de protección del bien de interés cultural (BIC) del yacimiento arqueológico Ruinas de Ategua. El terreno no solo se aró, sino que luego se le pasó la grada por dos veces, removiendo los restos arqueológicos que salieron a la superficie. Pese a que los acusados «se percataron» de ello, continuaron con las labores, según resalta la sentencia. Así, la «destrucción más evidente» se produjo en dos zonas. En una, en la que «se tiene constancia de la existencia de varias cisternas romanas», el «arrasamiento de la máquina dejó a la luz estructuras de gran entidad», como tejas romanas, un fuste de columna, fragmentos de sillares y cerámicos, y una roca de cuarcita que posee «un gran valor histórico». En la otra zona se observó una «mancha de materiales de diferentes cronologías» que «indican la afección al suelo y destrucción del registro arqueológico».

La sentencia señala que, según los arqueólogos, la única forma de valorar, reparar y reponer el estado originario es con una excavación que precisaría de un amplio equipo humano y trabajos durante 28 semanas, tasado todo en 1.051.411 euros, que es la indemnización a la que tendrán que hacer frente los acusados.

Aunque los encartados alegaron en el juicio que no sabían que era zona protegida o que no vieron ningún resto arqueológico al desarrollarse los trabajos por la noche, y a pesar de que la defensa incidió en la falta de señalización de la zona y la falta de comunicación por parte de la Junta, la sentencia resalta que el solo examen de la prueba documental y las periciales en la vista oral «desmienten por completo tales afirmaciones». Así, la magistrada refleja que ya se tuvieron actuaciones con los dueños del terreno en otra parcela de su propiedad «por igual motivo»; que los restos no podían confundirse nunca con piedras naturales del terreno, y que la propiedad, que «sí que sabía que en otra zona de la parcela se tenía que pedir permiso para trabajarla», no se planteó solicitar el mismo permiso para cambio de cultivo de tierra calma y cereal a olivo. Además, añade que aunque se discuta la falta de comunicación expresa de la Junta sobre la inclusión en zona BIC, «lo que no puede desconocerse es que se encuentra publicado en el boletín oficial», pudiendo los encartados, «dada también la cercanía» a Ategua, la «familiaridad» con el terreno y «lo que aflora a consecuencia de su acción», haberse dado cuenta, «siquiera de forma eventual, que su actividad agrícola afectara a vestigios arqueológicos».

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