La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a seis años de prisión a una mujer que obligó a prostituirse a una compatriota a la que trajo engañada a Córdoba y a la que le daba 2,50 euros por cada relación sexual. El tribunal considera a la acusada autora de un delito de trata de seres humanos y de otro de determinación a la prostitución, aunque la absuelve de un tercero de detención ilegal.
Según la sentencia, la Sala considera probado que la víctima vivía en un pequeño pueblo de Rumanía -del que igualmente era vecina la acusada- y se encontraba «en una muy difícil situación económica» al tener cuatro hijos menores de edad, haberla abandonado su pareja y encontrarse en desempleo y sin recursos, hasta el punto de que algunos de los pequeños había quedado bajo la guarda de las instituciones rumanas.
En esa situación conoció a la acusada, que le propuso venir a España, asegurándole que podría encontrar trabajo fácilmente y si no trabajaría cuidando a su nieta por 200 euros mensuales, más comida y alojamiento. La mujer aceptó la proposición y ambas se trasladaron a España a principios del verano del 2014, quedando alojadas en el domicilio de la procesada en Córdoba. Desde entonces, estuvo trabajando como empleada de hogar los siete días de la semana, tanto en casa de la acusada como en la de su hija, que vivía en el mismo edificio.
ENGAÑO
Sin embargo, transcurrido un mes sin haber percibido cantidad alguna como salario por el trabajo prestado, la mujer pidió el dinero que le correspondía y la acusada le manifestó que no le iba «a pagar nada y que si quería dinero tenía que prostituirse». «Ante la situación angustiosa en la que se encontraba, sin tener el más mínimo conocimiento del idioma y ante las continuas amenazas por parte de la acusada con dejarla sin sustento -según señala la sentencia-, aceptó finalmente prostituirse, para lo cual le hizo fotografías desnudas y la publicó en páginas web ofreciendo servicios sexuales». Así las cosas, «numerosos varones» de nacionalidad rumana contactaban con la procesada y acudían a su domicilio para mantener relaciones sexuales con la víctima «a cambio de dinero que cobraba la acusada, que solo daba a esta 2,50 euros por cada relación sexual mantenida».
Durante este tiempo, la víctima «era conminada a permanecer en el domicilio», bien porque «constantemente era amenazada con ‘cortarle el cuello’ en caso de que lo abandonara», bien porque en otras ocasiones le retenía la carta de identidad rumana o porque la dejaba encerrada en el inmueble.
Así, el tribunal fundamenta la sentencia condenatoria en que la acusada, «con la finalidad de imponer servicios forzados y de explotación sexual, y empleando engaño, así como abusando de su situación de necesidad y vulnerabilidad, consiguió que (la víctima) viajara desde Rumanía a España, trasladándola ella personalmente y acogiéndola en su domicilio». Además, «en esas condiciones de intimidación, engaño y abusando de su situación de necesidad la determinó a ejercer la prostitución».
