La crisis económica, la proliferación del número de dentistas titulados y la búsqueda de nuevos nichos de negocio ha colocado de un tiempo a esta parte a la práctica odontológica en el punto de mira. Un sector sanitario que, pese a ser clave para la salud pública, no tiene equivalente en el ámbito de la salud pública deja el campo abierto a la competencia desaforada, a la precariedad laboral, la especulación y, en última instancia, a la indefensión de los pacientes. De todos es conocido el caso Funnydent que, pese a dejar a miles de pacientes en la estacada, fue archivado al considerar que no había habido estafa sino «mala gestión empresarial». En este contexto, conviene mirar con lupa el mercado y las ofertas disponibles antes de contratar un tratamiento. El pasado mes de enero, Facua alertaba de que las clínicas iDental estaban ofertando tratamientos odontológicos de forma irregular bajo el reclamo de «ayudas privadas» con las que reducir el coste de los tratamientos hasta un 70% y que, una vez contratadas a través de financieras, en muchos casos, ni siquiera se llegaban a iniciar. Dicha empresa «de emprendimiento social» llega a ofrecer tratamientos totalmente gratuitos a pacientes en situación de exclusión social. En su comunicado, Facua hablaba de retrasos injustificados, de personas que renuncian al tratamiento, pero que no reciben el dinero de vuelta y de «presupuestos inflados» que, tras el descuento, quedarían en el precio normal de cualquier otra clínica.
Basta con entrar un día cualquiera a la clínica iDental en Córdoba, situada en el Polígono de la Torrecilla, para comprobar el número ingente de pacientes al que atienden a diario (una media de 87 al día, 4.623 desde que abrieron, afirman). La directora de Comunicación de la clínica, María Ruanova, tiene una visión distinta. Al tiempo que defiende el concepto de «asistencia dental social», recalca que el sistema de ayudas que ofrecen se basa en que «a diferencia de otras empresas, un porcentaje de nuestros beneficios se reinvierten en tratar a pacientes en exclusión». Afirma que en torno al 25% de los cordobeses no puede pagar un tratamiento dental y que el 99% de sus pacientes «están satisfechos con la atención». «Cuando esto no es así, nos ponemos a su disposición para subsanar el problema», afirma, y si renuncia, «se le devuelve todo el importe». Conscientes de que no están muy bien vistos en la profesión, creen que los que cuestionan su actividad lo hacen porque ven peligrar el monopolio de la salud dental a precio de oro y aclaran que no ofrecen «ni tratamientos de lujo ni low cost» y que «en ningún caso se compromete la calidad de los materiales y los tratamientos». Además, indica, «todos nuestros precios están en la web de iDental».
Por su parte, el presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, Rafael Roldán, prefiere no pronunciarse respecto a una franquicia concreta, aunque insiste en aclarar que «no existen subvenciones para tratamientos dentales» y reclama la regulación de la publicidad sanitaria «que en otros países está prohibida». «El paciente tiene derecho a la información y a conocer qué opciones tiene antes de tomar una decisión», recalca. «Queda a discrección del paciente informarse bien», señala, mientras aconseja desconfiar de quien no ofrece todas las opciones terapéuticas antes de iniciar un tratamiento.
