El inicio de la Ciudad de la Justicia se retrasará un poco más. Las obras, previstas para final de agosto, empezarán más tarde. La adjudicataria, la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Isolux Corsán y Copcisa Industrial, ha solicitado a la Consejería de Justicia e Interior algo más de tiempo para culminar los trámites bancarios y administrativos que le faltan para poder comenzar la construcción. El 27 de junio, la Junta recibió la documentación de la adjudicataria que le garantizaba que disponía de financiación para iniciar las obras. Entonces se abría un plazo de dos meses para presentar el resto de documentación necesaria antes de emprender la construcción. Sin embargo, la empresa ha argumentado que agosto ha resultado prácticamente inhábil, lo que le ha imposibilitado culminar las tareas pendientes.

Según ha podido saber este periódico, el inicio de las obras estaba fijado para el día 25 de agosto pero los trámites pendientes han hecho que la adjudicataria solicite un mes más. La Consejería de Justicia explicaba ayer a través de una nota que, a pesar de ese aplazamiento, la constructora se ha comprometido a respetar las fechas de finalización previstas. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 36 meses, es decir, tres años, que empezaban a contar desde finales de agosto, de forma que las previsiones eran que terminasen en agosto del 2017 y esos planes se mantienen. La Junta no aclara cuál es la nueva fecha de inicio prevista, aunque asegura que confía en que la adjudicataria "concluya los trámites pendientes a la mayor brevedad posible e inicie los movimientos de tierra en la zona de Arroyo del Moro en cuanto sea posible". La Junta recuerda que, con la documentación aportada, la adjudicataria "parece estar en óptimas condiciones para conseguir la financiación necesaria" para acometer el proyecto que se ejecutará mediante la fórmula público--privada, de manera que se hará una concesión de la explotación del inmueble a la constructora por 25 años y luego el edificio volverá a la Junta.

No es la primera vez que se le da más tiempo a la adjudicataria. La Junta adjudicó en noviembre del 2011 la construcción de la Ciudad de la Justicia a la UTE integrada por Detea, Copcisa Industrial e Isolux Corsán, aunque el encargo definitivo no se produjo hasta marzo del 2012. A los problemas para encontrar financiación se sumó que Detea entró en concurso de acreedores, quedando fuera de la UTE, que pidió a la Junta un aplazamiento para hallar el dinero necesario. Desde entonces ha habido cuatro aplazamientos, hasta que en abril la Junta le dio un ultimátum. El último plazo acabó en junio, que es cuando se anunció el inicio de las obras para agosto.