La Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT) de Córdoba comienza a funcionar valorando las necesidades de los menores de la provincia. Esta unidad viene a dar cumplimiento al Decreto de Atención Temprana aprobado el pasado año por la Junta de Andalucía, que contemplaba entre sus novedades, la creación de las unidades (mínimo una por provincia), formadas por profesionales de Pediatría y Psicología. Así lo ha puesto hoy de manifiesto a través de una nota la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, que ha presentado esta mañana a las profesionales que componen esta Unidad.
Concretamente, estas profesionales se están encargando de valorar las necesidades de los menores para decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que funcionan en Andalucía. En Córdoba esta unidad ya ha comenzado a valorar a una veintena de niños y niñas de nuestra provincia. Entre sus actuaciones también están implicados en la prevención, la formación y la mejora continua de las acciones desarrolladas colaborando con los dispositivos asistenciales, educativos y sociales.
Además, para hacer más accesible el servicio, los profesionales de la unidad provincial se pueden desplazar para realizar la valoración del menor. En este sentido, disponen de una sede y cinco subsedes (en Lucena, Bujalance, Fernán Núñez, Peñarroya y Pozoblanco).
Según Luna, “se trata de una iniciativa novedosa que garantiza la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud, así como la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria”.
Atención Temprana
La Consejería de Salud atiende a través de los Centros de Atención Infantil Temprana de la provincia de Córdoba a cerca de 1.300 menores. Así lo ha puesto hoy de manifiesto la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, en el encuentro que ha mantenido esta mañana con las asociaciones y entidades que gestionan los Centros de Infantil Temprana en la provincia.
En la reunión, Luna ha recordado que el decreto que garantiza la atención temprana en Andalucía y el convenio marco que se firmó en 2015 han permitido atender en 2016 a 1921 menores de 0 a 6 años en la provincia de Córdoba, lo que supone 127 más que en el año 2015.
El decreto, aprobado el 30 de abril de 2016, ha dotado de más recursos y profesionales a los niños y familias que reciben esta prestación y ha mejorado también los plazos. Lo que perseguimos, según Luna, “es ofrecer los recursos adecuados que posibiliten su correcta evolución”.
Así, la delegada de Salud ha señalado que “la entrada en vigor el pasado 30 de abril del decreto que garantiza la atención temprana en Andalucía está permitiendo atender a más menores, reducir tiempos de espera y aumentar el número de centros y sesiones”. Actualmente en nuestra provincia hay 21 centros prestando asistencia, de los cuales 3 son de nueva incorporación.
Este aumento de recursos está permitiendo reducir el tiempo de respuesta para que los menores reciban los cuidados en el plazo más breve posible desde la detección de sus necesidades. Asimismo, se han establecido diferentes niveles de intensidad adaptados a cada plan de tratamiento.
En su conjunto, el nuevo modelo ha supuesto ampliar tanto el tiempo de las sesiones (de 45 a 60 minutos) como el número de ellas, sumando 21.750 sesiones más para 2017.
El decreto por el que se amplía y refuerza la asistencia a los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, es una norma que garantiza los principios de universalidad, gratuidad y equidad en la prestación, a la vez que favorece la descentralización y la calidad con unos servicios próximos al domicilio familiar, accesibles y organizados en relación a las necesidades de los menores y sus familias. Su desarrollo supondrá triplicar los recursos económicos de la prestación de 2016 hasta alcanzar los 33 millones en 2019.
La norma es una de las más avanzadas a nivel nacional en cuanto a su contenido, incorporando, entre otras novedades, el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para la misma y la creación de unidades de atención temprana.
Por último, el decreto incluye la exigencia del cumplimiento de una serie de estándares en los procesos asistenciales, apoyados en la mayor evidencia científica disponible, además de incorporar medidas para fomentar la investigación y mejorar el conocimiento de los profesionales implicados.
