Colectivos ciudadanos y comunidades cristianas anunciaron ayer que acudirán en los próximos meses a instancias europeas para denunciar las inmatriculaciones que está realizando la Iglesia al considerar que en Europa "la separación Iglesia-Estado es una realidad política consolidada y no una ficción, y quizás los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y electoralistas que en España". En un comunicado firmado por la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, dichos colectivos indican que han tomado esta decisión "tras la aprobación por el Congreso de la reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el privilegio que la dictadura franquista concedió a la Iglesia Católica para registrar inmuebles como si fuera una administración pública, pero que consiente la usurpación ya realizada de miles de bienes de toda índole, con especial gravedad los de naturaleza pública y pertenecientes al patrimonio cultural, arquitectónico e histórico-artístico del Estado". Ante esto, señalan que "la desaparición del privilegio registral que equipara a la Iglesia Católica con la administración pública ha sido un triunfo de la ciudadanía, que así lo ha venido denunciando y exigiendo" y "todos los partidos sin excepción han reconocido que se trataba de un privilegio anacrónico e injustificable, de lo contrario no lo habrían derogado". Sin embargo, "la desaparición de este privilegio no significa que los miles de bienes usurpados queden convalidados". Los colectivos estiman que existe un abuso de Derecho, "al apropiarse de bienes públicos, y en muchísimos casos sin condición religiosa, como plazas, locales comerciales, viviendas, solares, caminos o monumentos como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla".
