Los club deportivos que gestionan las salas de barrio quieren agotar la vía de la negociación antes de dar ningún otro paso, pese a que, como publicó ayer este diario, no descartan la vía judicial. Tomás Ruano, gerente del Adecor, confirmó ayer que la situación de los clubs, «entidades sin ánimo de lucro --recuerda--, es muy complicada», y que de seguir así las cosas «tendremos que cerrar las salas», aventura. Por ejemplo, Valdeolleros, la sala que gestiona su club, no podrá seguir más allá del 28 de febrero, porque, entre otras cosas, deben ya entre dos y tres nóminas a sus trabajadores (de momento, los monitores sí han podido cobrar).

«Esta situación, en la que Intervención ha prohibido autorizar ya pago alguno a las salas de barrio, nos deja a los pies de los caballos. En estas condiciones no es posible seguir gestionando las salas», advierte Ruano. Pese a todo, la intención de los clubs es negociar y lograr un acuerdo con el Ayuntamiento, que sigue buscando con la asesoría jurídica municipal una salida. Mientras que esto ocurre, la propuesta de una buena parte de los clubs va a pasar por proponer una rescisión de los contratos de mutuo acuerdo. Una rescisión que, según Ruano, estaría amparada en el artículo 22 de los contratos, que observa esta posibilidad cuando no es posible «la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato (...). En este caso y hasta que se produzca una nueva concesión o si fuera la Administración la que gestionara directamente la instalación, el concesionario estará obligado a prestar el personal y el material necesario para que no se altere la prestación del servicio», dice el artículo. En caso de rescindirse el contrato, «que deberá ser de forma rápida y con garantías», los clubs renunciarían a los años que les quedan de concesión y se comprometerían a no reclamar daños y perjuicios.

En esa situación, el Ayuntamiento podría proceder ya a la nueva adjudicación de estos servicios, y, recuerda Ruano, las nuevas adjudicatarias tendrían «la obligación» de subrogar al personal contratado, que asciende a medio centenar entre todas las salas de barrio. «A nosotros nos gustaría que siguiera este modelo, ya que ha funcionado muy bien para el deporte base de Córdoba», comenta Ruano.