La asociación de consumidores Facua de Córdoba ha presentado hoy el balance de actuaciones del primer semestre del año, que refleja la avalancha de reclamaciones relacionadas con el sector bancario registrada y el espectacular aumento respecto al mismo periodo del año pasado. Por primera vez, según ha explicado el presidente de la entidad en Córdoba, Francisco Martínez Claus, los abusos de la banca encabezan el ránking de consultas y denuncias en la organización, desbancado así a sectores que tradicionalmente están a la cabeza como las telecomunicaciones o las eléctricas.

De esta forma, de las 3.446 consultas y reclamaciones presentadas en seis meses, más que el volumen total atendido el año pasado, el 67,7% se deben a casos vinculados a principalmente a clausulas suelo y gastos de formalización de hipoteca o dinero cobrado indebidamente por los bancos. De las 570 denuncias presentadas, 438 son asuntos relacionados con el ámbito financiero. Martínez Claus, que señala el carácter "histórico" de la cifra de reclamaciones", denuncia además la inacción de los bancos, que están dilatando los procesos de reclamación de forma injustificada, sin articular mecanismos para que los usuarios puedan recuperar su dinero sin recurrir a los tribunales, así como la lentitud de la justicia, ya que "de todas las demandas presentados hasta el momento ante el juzgado número 9 encargado de las cláusulas suelo, 18 desde junio hasta hoy, ninguna ha sido aún admitido a trámite".

Las telecomunicaciones ocupan en esta ocasión el segundo puesto en número de quejas, por incumplimiento de ofertas comerciales, la facturación de servicios no solicitados por los usuarios y la aplicación de penalizaciones abusivas cuando solicitan la baja. En tercer lugar, aparecen las compañías de suministro energético, con quejas relacionadas con engaños a los usuarios para que cambien de comercializadora de electricidad o gas con promesas de tarifas más bajas falsas.

Facua denuncia el aumento de los fraudes masivos a los consumidores "como consecuencia de la inacción de las autoridades competentes, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía" y critica "la falta de mecanismos eficaces de control del mercado y la escandalosa tibieza de las administraciones cuando aplican multas, con cuantías insignificantes en comparación con los beneficios explícitos que obtienen las empresas".