Historiadores, arabistas, medievalistas y especialistas en arte de prestigiosas universidades de España y el extranjero han suscrito un contundente manifiesto pidiendo la intervención de la administración pública para impedir la apropiación jurídica de la Mezquita de Córdoba y frenar el proceso de manipulación histórica puesto en marcha por el Obispado en los folletos y material divulgativo que reparte a millones de visitantes cada año.
“La base jurídica de la inmatriculación es muy endeble”, indica el manifiesto, “pues la orden dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, sino la cesión de un derecho de uso”. “Un mínimo de diligencia por parte de la abogacía del Estado”, agrega el texto suscrito por decenas de expertos en la materia, “podría desmontar los argumentos jurídicos. Aún estamos a tiempo”, alerta.
La declaración ha sido redactada por Eduardo Manzano, investigador del CSIC y reconocido experto en al-Ándalus, y suscrita por más de cien especialistas de todo el mundo, entre ellos prestigiosos profesores de la talla del medievalista francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia Medieval Ángel Galán; la arabista del CSIC Maribel Fierro; el director del Institut d'Etudes de l'Islam de Francia Pascal Buresi; el hispanista de la Universidad de Boston Thomas F. Glick; el catedrático de Historia Contemporánea Juan S. Pérez Garzón; y una larga lista de científicos de 36 universidades de diez países.
Los firmantes reprueban la “triquiñuela jurídica” empleada por el Obispado para inscribir a su nombre una “joya del patrimonio histórico español” y alertan de la operación puesta en marcha para eliminar los valores culturales y artísticos de la Mezquita reconocidos por la Unesco. “A la apropiación material”, señalan, “se ha unido el secuestro de la memoria. La Mezquita ha pasado de ser un edificio que encierra un conocimiento de primera mano sobre al-Ándalus a ser herramienta de iniciación para catecúmenos”.
El manifiesto lamenta la pasividad de la administración pública en su papel constitucional de custodia del patrimonio histórico español. Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central, indica el texto, han actuado con “desidia” y “falta de contundencia impropia de una administración democrática, obligada por el artículo 46 de la Constitución a conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”. Especialmente crítico se muestra el documento con el Ejecutivo andaluz, cuya presidenta, Susana Díaz, se ha limitado a hacer “declaraciones altisonantes sin tomar ni una sola iniciativa seria”. “Una actuación razonable de la administración pública”, agrega el escrito, sería marcarse como “prioridad conseguir que la Mezquita sea un bien público, portador de valores de convivencia y de integración”.
La declaración del nutrido grupo de científicos fue remitida a finales de julio al Obispado de Córdoba y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Hasta hoy no ha habido respuesta por parte de ninguna de las dos entidades.
