El paro ha aumentado de manera considerable y cada vez han sido más las familias cordobesas que viven con la pensión de uno de sus miembros, pero pese a estas circunstancias sociales, el número de beneficiarios del bono social de la luz se ha reducido en cerca de 3.000 hogares en los últimos cinco años en la provincia. Así lo señalan las cifras facilitadas a Diario CORDOBA por la comercializadora de referencia en Andalucía, Endesa, que en la actualidad cuenta con 35.308 clientes acogidos a este mecanismo de reducción de la factura eléctrica en Córdoba.
El bono social fue impulsado por el Gobierno central en el ejercicio 2009 y es una iniciativa dirigida a colectivos vulnerables. Sin embargo, desde el año 2010 (el primero para el que Endesa ofrece información), y a pesar de los duros efectos que la crisis está teniendo en las familias, la cifra de personas que accede a este descuento ha bajado un 8%, ya que en aquel momento se situaba en 38.242.
Este descenso se debe, principalmente, a la caída del 17% registrada entre los usuarios que tienen contratada una potencia inferior a 3 KW en su vivienda habitual, a los que se aplica el bono social de forma automática, sin necesidad de solicitarlo, y que son el grupo más numeroso, alcanzando las 24.047 personas en Córdoba. Además de este colectivo, también ha disminuido un 7% entre los jubilados con pensiones mínimas (o no contributivas) y en estos momentos hay 5.820 beneficiarios con estas características.
Las familias numerosas son otro grupo al que se dirige este bono y, entre estas, Endesa cuenta con 3.988 abonados en la provincia, un 63% más que hace un lustro. Por último, esta medida llega a 1.453 hogares cordobeses que tienen a todos sus miembros en paro, lo que ha supuesto una subida del 150% aunque hay que recordar que, con datos del Instituto de Estadística de Andalucía, en la provincia existen 34.700 familias con todos sus miembros desempleados, por lo que son una parte mínima las que acceden a la reducción de la factura.
El Ministerio de Industria informa de que el bono social se materializa en la aplicación de la tarifa de último recurso, calculada como un descuento del 25% sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. Este es el precio máximo que puede aplicar una compañía a los clientes acogidos a él (en el mercado regulado) y es para personas que tengan contratada una potencia inferior a 10 KW, sustituyendo desde el año pasado a la antigua tarifa de último recurso.
CONSUMIDORES En cuanto a las causas que pueden explicar el descenso en el número de beneficiarios, desde la Unión de Consumidores en Córdoba apuntan que las personas que se acogen al bono social se encuentran en el mercado regulado, que tiene cinco empresas de referencia aunque estas, a su vez, también tienen compañías en el mercado libre. En ocasiones, según explican, hacen una oferta al consumidor y en el momento que este entra en el mercado libre (que es donde se realizan esas promociones), pierde el bono social.
Junto a esta situación, señalan que "dejan de concederlo en el momento en el que pasas un euro del tope de la pensión", y, por otro lado, en el caso de los consumidores con menos de 3 KW de potencia, ha podido incidir, entre otros factores, la implantación del Interruptor del Control de la Potencia, antiguo automático. Este se controla más, según precisa la UCA, desde el año 2009 (con la liberalización del sector eléctrico) y evita que los hogares se excedan en el consumo. Si necesitan aumentar la potencia, se les retira el bono.
CAIDA NACIONAL DEL 18% Un estudio elaborado por Facua y publicado a finales del año pasado informa de que los usuarios del bono social se han reducido cerca de un 18% en España desde su implantación y Francisco Martínez Claus, presidente de la asociación en Córdoba, recuerda que han solicitado que se obligue a las compañías eléctricas a realizar campañas informativas sobre este descuento, que, según estiman, es desconocido para casi la mitad de los consumidores.
Martínez Claus comenta que "con las altas temperaturas, hay personas que no pueden ni poner un ventilador" y abunda en que cuando los clientes acuden a realizar su contrato de suministro, "no se les está informando de que pueden tener derecho al bono social". En esta línea, manifiesta que "las eléctricas tienen miles de millones de euros de beneficio", pero "el Gobierno, en lugar de proteger a los más vulnerables, lo que está haciendo es proteger los intereses de estas compañías". También apunta que se están produciendo "penalizaciones importantísimas" cuando se detecta alguna posible irregularidad, aún cuando esta "no esté bien justificada".
