Cerca de 2.000 cordobeses se benefician de los convenios de colaboración establecidos entre el Ayuntamiento de Córdoba y Cruz Roja para favorecer el acceso a una vivienda a familias en riesgo de exclusión residencial y para el reparto de alimentos.
Ambas instituciones tienen vigentes sendos acuerdos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de familias de la ciudad en situación de extrema necesidad. Merced al primero de ellos -denominado de 'Acogida y atención integral a familias en exclusión residencial', y que contempla una subvención de 140.000 euros-, un total de 80 personas sin vivienda tienen la posibilidad de acceder a un piso compartido con otra familia en circunstancias similares.
Los objetivos de este proyecto -en marcha por segundo año en la capital- pasan por prevenir la exclusión social que provoca la pérdida de la vivienda y fomentar la autonomía de las familias para que, en el plazo de seis meses (periodo máximo establecido, como normal general, para alojarse en estos pisos), tengan capacidad para poder costearse un alquiler por ellas mismas.
El programa, ejecutado en coordinación directa con la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, incluye además ayudas económicas puntuales para cuestiones tales como el pago de mudanzas o guardamuebles, para estancias cortas en alojamientos (hostales, pensiones), para la compra de mobiliario o electrodomésticos y para la cobertura de necesidades básicas de las familias.
A este convenio hay que sumar el que el Consistorio y Cruz Roja tienen en funcionamiento desde hace ya varios años, bajo el título de 'Alimentos por la solidaridad', para facilitar el reparto de alimentos a un mínimo de 600 familias (1.800 ciudadanos) -derivadas por los Servicios Sociales municipales- que atraviesan verdaderas dificultades para cubrir sus necesidades más básicas de ingesta de comida.
El apoyo del Ayuntamiento -que aporta 12.000 euros a través del área de Servicios Sociales- se suma al que la institución humanitaria encuentra para este fin del Gobierno central a través del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y al respaldo de entidades privadas como el Grupo DEZA, la Obra Social La Caixa o la Fundación Cajasol.
Dicho reparto se destina a individuos o grupos familiares especialmente vulnerables, como son familias con menores o personas mayores a su cargo, familias monoparentales, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, personas incapacitadas para el trabajo o afectadas por toxicomanías o sida, menores en situación de desamparo, mujeres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, asilados, ex reclusos, transeúntes, y personas mayores perceptoras de las pensiones más bajas.
Según Cándida Ruiz, presidenta de Cruz Roja en la provincia, colaboraciones como la del Ayuntamiento representan un "apoyo importante en nuestra lucha cotidiana por defender los derechos y mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables", a lo que añade que “la cobertura de las necesidades básicas es el primer paso de una atención mucho más amplia con la que tratamos de que las familias dejen de estar en riesgo de exclusión”.
En este sentido, conviene recordar que la crisis llevó a la institución humanitaria a reforzar, por una parte, los programas habituales de respuesta social y de lucha contra el desempleo y la discriminación en el mercado laboral y, por otra, a poner en marcha desde 2009 una serie de intervenciones de emergencia social como el citado reparto de alimentos.
