Córdoba lleva con el servicio de ludoteca suspendido desde hace más de un año. Este servicio de dinamización infantil, dependiente de la Delegación de Participación, se prestaba en los centros cívicos y tenía entre 400 y 500 beneficiarios al año. Un conflicto derivado de la adjudicación del proyecto está detrás de esta suspensión, como ha denunciado en varias ocasiones el PP y ha puesto de manifiesto el jefe del departamento de Recursos Internos del Ayuntamiento en un informe reciente. En virtud de la última licitación, el programa se adjudicó y se prestó durante diez meses por una empresa, hasta que en junio del 2017 se suspendió. Ahora, la segunda adjudicataria es la que reclama su puesta en marcha o, en su defecto, la indemnización por los perjuicios, que cifra en 22.000 euros por un año de adjudicación del contrato, más 22.000 euros más por la prórroga del mismo otro año.

Precisamente, en su escrito, el responsable de Recursos Internos exige al jefe de Participación Ciudadana, con la conformidad de la concejala Alba Doblas, que se diga ya «expresamente» que no se va a poder prestar el servicio de ludotecas para determinar los daños y perjuicios ocasionados a la empresa adjudicataria, Promove, y al tiempo iniciar las posibles acciones contra la anterior adjudicataria del contrato, Human Development.

El gobierno local planteó hace unos meses la necesidad de buscar fórmulas de participación alternativa a las ludotecas, si bien aún no ha desvelado cuál será su propuesta. La teniente de alcalde de Participación, Alba Doblas, reconoció hace meses que el modelo de ludotecas no era «el más conveniente», si bien este periódico no ha podido recabar estos días su opinión sobre este asunto.

UNA LICITACIÓN ROCAMBOLESCA / Al margen de la decisión política, tampoco es baladí el monumental lío que la adjudicación de este contrato ha propiciado y que está pendiente de resolverse. En un resumen somero habría que explicar que el servicio se adjudicó a Human Development en abril del 2016, si bien la empresa Promove, que también aspiraba al servicio, presentó un recurso administrativo exigiendo la revisión de las puntuaciones otorgadas a las ofertas, sobre todo las referidas a la aportación por parte de la que resultó adjudicataria de dos certificados de calidad que, según la denunciante, no se acreditaron. Promove volvió a solicitar una nueva baremación y llevó el asunto al CREA, que no resolvió hasta el 17 de marzo del 2017, dándole la razón. El 16 de julio del 2017 la mesa de contratación asumió el contenido del CREA y se estimó, en septiembre del 2017, que Promove debía ofrecer el servicio de ludotecas durante los dos meses que restaban hasta el plazo de un año, algo que no se ha producido. El PP exige desde entonces a PSOE e IU que expliquen el porqué de este «cierre decretado» sin explicación.