La obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero fue adjudicada en el 2015 a Ucop Construcciones por 10,9 millones, 3,5 menos de lo previsto en la licitación, y debía estar en dieciséis meses. En su oferta, la empresa incluía ocho mejoras valoradas en dos millones de euros, con lo que el ahorro para las arcas municipales era de 5,5 millones. Dos años después del inicio de los trabajos, la reforma del pabellón del Parque Joyero sigue sin culminar, con un 47,62% (más de 5,2 millones de euros) de obra pendiente de ejecutar.

Un contrato que continúa su vigencia

El contrato entre el Ayuntamiento y Ucop continúa activo tras el rechazo, por parte de la Junta de Gobierno Local, hace más de una semana, de la resolución que solicitó la empresa. En esa petición, Ucop culpaba al Ayuntamiento y le exigía dinero. En cambio, el Ayuntamiento considera que se ha producido un incumplimiento, por parte de la empresa, de los términos de la obra.

El preconcurso acelera el desenlace

El preconcurso de acreedores de Ucop complica la finalización de la obra por parte de esta empresa pero acelera el desenlace de la paralización. La delicada situación económica de Ucop impide el pago a proveedores, que están dirigiendo sus facturas al Ayuntamiento. Ante esto, al Ayuntamiento intenta resolver el contrato para poder sacar a concurso lo que queda de obra y adjudicársela a otra constructora. El Ayuntamiento está negociando los términos de esa resolución con Ucop y quiere llegar a un acuerdo antes de abril y de que la empresa agote la fase de preconcurso (mayo). Fuentes municipales aseguran que ese acuerdo no será a cualquier precio y que ni al Ayuntamiento ni a Ucop les interesa que el asunto acabe en el juzgado.

La petición de resolución de Ucop, rechazada

La Junta de Gobierno Local rechazó hace más de una semana la resolución del contrato solicitada por Ucop, que argumentaba que se ha producido una suspensión temporal de la obra de 14 meses. El departamento de Gestión, después de estudiar los distintos informes existentes, desestimó la petición de Ucop asegurando en un informe que «se está produciendo una ralentización en la obra» achacable a la empresa «que afecta a las últimas certificaciones». Gestión subraya la incongruencia de Ucop al pedir la resolución del contrato y una ampliación de plazo. Es más, indica que «es la propia empresa adjudicataria la que está ralentizando el ritmo de las obras, lo que podría dar lugar a la apertura del correspondiente expediente».

Los argumentos defendidos por la empresa Ucop

La adjudicataria presentó el 18 de enero del 2017 un informe en el Ayuntamiento para solicitar la resolución del contrato por causas

«imputables a la administración» y ante «la imposibilidad de ejecutar el proyecto primitivo adjudicado», en el que avisa de la «necesidad de introducir modificaciones no previstas en el pliego» de condiciones. En ese escrito asegura que se había producido «vicio de nulidad» al no disponerse de todos los terrenos desde el principio y reclama un millón de euros como saldo de liquidación de las obras, más otro millón por sobrecostes, daños y perjuicios por la «ralentización», además de dos partidas, de 312.305 y 156.152 euros, por el beneficio industrial dejado de percibir.

Una decena de incidencias durante la ejecución

Ucop relata una larga lista de incidencias (diez), principalmente actuaciones realizadas que asegura que no estaban incluidas en el contrato, como el desmontaje y acopio de vidrios de la fachada, «decisión que se tomó tardía, no pudiéndose acometer hasta junio del 2015, afectando a toda la programación de la obra». También cuenta como incidencias el traslado del centro de transformación; el desvío de instalaciones en el ámbito de Surgenia; la realización de estructuras provisionales para sustentar la cubierta «conllevando nuevos trabajos y unidades no contemplados en contrato y que han producido demoras»; e «incoherencias entre planos». Alude también a los «defectos y patologías» detectadas en la estructura, que «comprometían la seguridad y estabilidad de la misma»; la orden de modificar el conducto solar «variando la estructura»; así como a la aprobación de nuevo material para el lucernario que no se concreta hasta julio del 2016. A eso añade la «falta de definición de numerosas unidades» o la «necesidad de incorporar nuevas modificaciones ante alteraciones introducidas» que impidieron el normal desarrollo de las obras. Ucop denuncia que se les intentó imponer una marca, lo que considera «ilegal».

La polémica del sistema de climatización

Buena parte de su escrito se centra en el problema con el sistema de climatización al ser de la comunidad del Parque Joyero los terrenos en los que va instalado y que llevó a la empresa a solicitar una modificación del proyecto por un millón de euros que el gobierno local rechazó. Ucop insiste en que existe «una indisponibilidad de los terrenos desde noviembre del 2015 que perdura» y que impide ejecutar la climatización y otras unidades de obra. Para ello se apoya en que «no consta que haya existido cesión de los terrenos ni inscripción en el Registro de Bienes». Ucop ahonda en las consecuencias que tiene no haber aprobado la primera modificación del proyecto por el sistema de climatización. A pesar de su coste, explica que la cantidad invertida se recuperaría en tres años produciéndose un ahorro anual de 150.000 euros que en 50 años superaría los 7 millones.

Ucop se muestra disconforme con la segunda modificación del proyecto solicitada por la dirección facultativa, ya que «no se reflejan las modificaciones realmente introducidas» (48 planos), ni la necesidad de unidades nuevas no previstas o por contemplar obras «que constituyen una infracción del ordenamiento jurídico». Por ello, dice que la propuesta es «inviable» técnica, económica y legalmente.

Ucop achaca al Ayuntamiento distintos «incumplimientos» y asegura que se ha producido una suspensión temporal superior a 14 meses, por lo que «la situación de paralización existe». Es más, y en cuanto a las ampliaciones de plazo denegadas, estima que hubiera hecho falta hasta julio del 2017. También indica que «algunas modificaciones» pueden ser «errores del proyecto», lo que conlleva «responsabilidad de los proyectistas».

Los arquitectos rechazan las alegaciones

Los arquitectos Francisco Javier Terrados y Fernando Suárez, autores del proyecto del CEFC, emitieron un informe de obra el 8 de febrero del 2017 en el que desmontan cada uno de los argumentos de Ucop y ponen en evidencia sus incumplimientos. Ese informe sirve de base para rechazar la resolución del contrato solicitada por Ucop. En primer lugar, niegan que el desmontaje de la fachada no esté contemplado en el proyecto y que se ordenara de forma tardía. Aseguran que el retraso en la ejecución del centro de transformación «es achacable a la demora en conseguir los permisos» por parte de Ucop, que quería «eliminar el transformador para abaratar costes». Terrados y Suárez afirman que las instalaciones en el ámbito de Surgenia estaban previstas, así como el cimbrado de la estructura de la cubierta, y que los planos realizados durante la obra solo recogen «aclaraciones de medidas».

Niegan problemas de cálculo en la estructura

Los arquitectos niegan que existan «defectos de cálculo de la nueva estructura proyectada» y explican que Ucop encargó informes «incorrectos y alarmistas» con el fin de introducir alternativas «más costosas que implicarían un aumento del presupuesto». Insisten en que la modificación de planos solo respondía a la adaptación de la estructura a la realidad existente y aclaran que solo hubo «ajustes puntuales» y «mínimos» para «optimizar el comportamiento de la estructura», «sin ser causa de retraso», que han originado un aumento del 2,84% del presupuesto y no del 34,50% (496.791 euros) como pide Ucop.

En cuanto a los lucernarios, los arquitectos indican que es «una versión optimizada del conducto prescrito en proyecto», solicitada para «evitar desmontar barras de la estructura» y no afectar a la cubierta, que estaba estabilizada. Sin embargo, afirman que en ningún momento aprobaron la sustitución de la tela, que, además, Ucop «pretende cobrar a un precio superior al del proyecto por un material equivalente». Los arquitectos destacan que durante la ejecución han estudiado todas las alternativas equivalentes propuestas por Ucop y han aprobado las que lo eran. Añaden que «a lo largo de la obra han sido constantes los intentos de la empresa constructora de proponer y llevar a término la reducción de las calidades contratadas» para lograr «mejoras económicas».

En cuanto al sistema de climatización, tienen claro que debe ejecutarse tal y como estaba proyectado y que no hay nada que lo impida. Además, no entienden cómo Ucop cree imposible ejecutar los tabiques móviles «cuando les puso precio en su oferta de mejora» y niegan que no se puedan acometer las pantallas acústicas. Es más, consideran que se podían seguir ejecutando partidas de obra mientras se tramitaba el primer modificado y que, de hecho, en ese tiempo se certificaron trabajos por 1,5 millones.

La obra iba a un ritmo inferior desde el principio

Los arquitectos son muy claros con los plazos. «Desde sus inicios», aseguran, «la obra se ha desarrollado con un ritmo muy inferior al ofertado inicialmente por la empresa constructora» y desde mucho antes de pedir el primer modificado, desde la fase de cimentación y estructura. Ya en julio del 2015, detectaron un desfase de 41 días hábiles, que subió a 107 en marzo del 2016, cuando se pidió el primer modificado, y a 199, en octubre, cuando se solicitó la reanudación de los trabajos tras rechazarlo. A su juicio, la tramitación del primer modificado solo supuso 92 días de demora. Solo en el centro de transformación, aseguran, «el retraso total achacable a la empresa» es «de más de un año».

Durante el tiempo de tramitación del primer modificado, y según el informe de los arquitectos, Ucop dejó sin ejecutar partidas no afectadas por la climatización por «decisión unilateral» propia. Los arquitectos calculan que el 23 de enero del 2017 había 89 partidas sin aprobar «por el retraso de la empresa» en la «presentación de la documentación».

Pero hay más. En otro informe anterior, del 23 de enero del 2017, los arquitectos denuncian la «baja actividad existente en la obra», que achacan a la empresa. En el documento plasman «irregularidades» como «la drástica reducción de personal», ya que en cuatro visitas distintas encuentran a solo doce, nueve, tres o ningún trabajador cuando Ucop ofertó una media de 54 en su plan de seguridad que podían llegar a 84.

La responsable del contrato, también desmonta a Ucop

La arquitecta de Urbanismo responsable del contrato, Carmen Chacón, emitió un informe el 2 de marzo del 2017 para desmontar la tesis de Ucop y rechazar la resolución del contrato. Su respuesta a las alegaciones de Ucop coincide con la de los arquitectos. Tanto es así que dice que «desde el comienzo de la obra el contratista ha intentado cambiar la estructura que estaba proyectada», lo que provocó «un retraso considerable en su ejecución». Además, afirma que la empresa «ha intentado reducir significativamente las calidades con el objeto de conseguir mejoras económicas para sus intereses». La arquitecta piensa que Ucop está obligada a ejecutar la obra conforme al proyecto aprobado y contratado y que «la orden de continuar con el resto de las partidas (todas menos las previstas en el segundo modificado) no solo es posible sino obligatoria».

Partidas ejecutadas pero pendientes de reparación

La arquitecta afirma que «existen partidas que encontrándose ejecutadas están pendientes de reparación por lo que no pueden ser certificadas», mientras que otras, «para poder ser certificadas, tienen que encontrarse instaladas, terminadas y en funcionamiento». Además. en la medición de las obras detecta «carencias».

Chacón emitió otro informe el 18 de marzo del 2015 sobre la propuesta que hacía Ucop para ejecutar la tribuna telescópica con otro material. Esa obra estaba incluida en el paquete de mejoras que la empresa debía acometer sin aumentar el presupuesto. El proyecto contemplaba mejoras por 2 millones y la tribuna se llevaba 920.406 euros, por lo que Chacón recuerda que influyó «notablemente en la adjudicación». Chacón advierte de que la tribuna «es uno de los elementos más sensibles del proyecto», que, junto a los paneles móviles, «va a incidir en el buen funcionamiento del edificio». Además, acogerá a 933 personas, por lo que sus niveles de seguridad son «extremos». De cerca de una veintena de comparaciones con la alternativa propuesta por Ucop, solo hubo cuatro equivalencias, por lo que Chacón rechazó sus pretensiones.

Esto es solo una muestra de las incidencias que se han producido en esta obra que tendría que estar acabada y a la que le queda camino por recorrer.