Representantes de UGT, CCOO y CSIF se concentraron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno de Córdoba para reclamar al Gobierno central que dé marcha atrás con su recurso que paraliza el retorno a la jornada semanal de 35 horas en la administración pública en Andalucía, y que obliga a volver a una semana de 37 horas que supone la congelación y de hasta unos 10.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma, 800 de ellos en la provincia de Córdoba. La secretaria general de Córdoba de CCOO, Marina Borrego; María Dolores Navajas, presidenta provincial del CSIF, e Isaías Ortega, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Córdoba (FSP-UGT), coincidieron en que el recurso del Gobierno «no tiene ningún sentido» al perjudicar el empleo, la calidad en la atención al ciudadano y mantener el agravio de la pérdida de un derecho adquirido.
