El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha emplazado hoy a los diputados del PSOE a que se sumen a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional dirima que los "bienes inmatriculados por la Iglesia que sean públicos vuelvan de nuevo al patrimonio público".

Durante una visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde han atendido a los periodistas en el Patio de los Naranjos a pesar de que desde el Cabildo les han reprendido que no era lugar para actos políticos, Lara ha afirmado que su presencia en este monumento responde a la intención de "reivindicar que tiene que volver al pueblo lo que es del pueblo, incluida la Mezquita de Córdoba".

En este sentido, ha informado de que Izquierda Plural cuenta con once firmas de sus parlamentarios dispuestas para plantear el recurso de inconstitucionalidad, por lo que ha emplazado a los diputados del PSOE para que, con las cincuenta necesarias, puedan elevar al TC el recurso de inconstitucionalidad.

A su juicio, las inmatriculaciones que ha realizado la Iglesia Católica de "miles de bienes" en España, "aprovechando" una modificación del reglamento de la Ley Hipotecaria de 1998 que hizo el gobierno de José María Aznar, supone "el mayor pelotazo inmobiliario de la historia".

Y "frente a este expolio de bienes de interés público", ha promovido la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para que sea el tribunal el que determine "que no hay ningún derecho sobre el cual se le puede expoliar al pueblo lo que es del pueblo", porque "los bienes públicos tienen que ser gestionados por los representantes públicos elegidos por los ciudadanos".

"No pueden ser administrados o gestionados por entidades privadas desde ningún punto de vista", ha apostillado Lara, que ha rechazado que esto sea "una cuestión religiosa".

Sobre su presencia en la Mezquita-Catedral, ha aclarado que las declaraciones no se han hecho dentro del templo, sino "en un patio público que es de todos los cordobeses y de toda la humanidad".

Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, se ha referido a la aprobación ayer de una proposición no de ley por la que el Parlamento Andaluz acordó trasladar al TC la documentación que acredita que su decisión de suspender la Ley de Función Social de la Vivienda, llamada ley antidesahucios, se basó en "datos falsos" ofrecidos por el llamado "banco malo".

Maíllo ha apuntado que la proposición no de ley aprobada ayer es "determinante" para justificar "la base falsa" sobre la que el Gobierno de España hizo el recurso, y que "está impidiendo que se desarrollen las políticas audaces y diferenciadas en Andalucía".

Según el líder regional de IU, el "final" de esta proposición es que el Gobierno rectifique "si es leal", y que el Tribunal Constitucional "pueda modificar su actuación preventiva y levante el recurso que se ha planteado ante la ley".

A esta medida, ha sumado la puesta en marcha del proyecto de ley de banca pública, que, a su juicio, "lanza al resto del país una salida de modelo económico con la incorporación de un instrumento económico que pueda permitir la financiación de las pymes, los autónomos, y la economía social".

"No es una apuesta novedosa, ni una propuesta programática, sino una realidad a modo de debate legislativo", ha concluido Maíllo.