Analizando solo el suelo no urbanizable y las 4.419 casas ilegales inventariadas en el mismo (en urbano y urbanizable hay 6.000 más), casi el 80% (3.472) se encuentran en zona protegida por normativa específica, territorial o urbanística, lo que, junto a los riesgos de incendio e inundación y a la no prescripción del delito urbanístico, es un hándicap para tener servicios. En caso de retirar todo tipo de protección, serían potenciales beneficiarias. La mayoría están en suelos de la Vega o la Sierra. En ese grupo, un 7% (296 casas) están protegidas por la legislación sectorial como Las Pitas, Córdoba la Vieja y La Gorgoja II, que están en el entorno de Medina Azahara. En cuanto a riesgos, un 68% (3.053 viviendas) están en suelo con peligro de incendio o inundación. La única manera de salvar la amenaza de incendio es con planes de autoprotección y siempre que el suelo no esté protegido, de ahí la importancia de la medida.
Como publicó CÓRDOBA en marzo del 2014, el avance de Urbanismo aconseja revisar el PGOU e integrar asentamientos de la Vega, donde ve viable la dotación de servicios. El documento percibe también estructura urbana para contar con servicios en zonas de la Sierra como Siete Fincas y Casilla del Aire.
No es la primera vez que se habla de dar servicios en zonas protegidas. El anterior presidente de Urbanismo, Luis Martín (PP), en enero del 2015 ya lo intentó con un documento que no llegó a aprobarse. El actual presidente, Pedro García, en agosto del 2015, también se mostró partidario de cambiar el PGOU e integrar parcelaciones.
