Las dos cámaras para controlar el acceso restringido por La Ribera, instaladas en las calles Caño Quebrado y Santa Teresa Jornet, han servido para que los agentes puedan imponer en tan solo un año "18.720 sanciones graves o muy graves a vehículos, en gran parte conducidos por turistas" que desconocen las prohibiciones, lo que viene a significar una recaudación, si éstas multas se abonan, de cuatro millones de euros, todo ello a una media de 51 multas al día.
Estas son las cifras que ayer facilitó el concejal del PSOE Emilio Aumente de fuentes oficiales del Ayuntamiento, unos datos que a juicio del edil socialista demuestran la "ineficacia" de este método de control de acceso a áreas de circulación restringida (zonas acire) y "el afán recaudatorio de la medida". En concreto, la cámara de la calle Caño Quebrado ha servido para imponer la mayoría de las multas durante un año, unas 17.700, mientras que la de Santa Teresa Jornet informó a los agentes de otras mil infracciones. Para Emilio Aumente, los datos muestran el fracaso del sistema ya que no disuade al conductor a pasar por la zona restringida. Más aún, parece conducirlo a la misma al no advertirle mucho antes de llegar a esta zona que no se debe circular por la misma.
LEGALIDAD CUESTIONABLE El concejal Aumente, incluso, llegó a cuestionar la validez de estas multas, ya que podrían "ser nulas de pleno derecho" por una cuestión administrativa básica: según fija el artículo 75 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, vigente desde 1992, una zona acire debe ser aprobada por el máximo órgano municipal, el Pleno del Ayuntamiento, y no únicamente por la Junta de Gobierno Local, "que es como las tramitó el PP", afirma el concejal socialista.
Esto significaría que "el gobierno de Nieto ha aprobado las zonas acire por un órgano incompetente", del mismo modo que "tampoco es capaz de hacer llegar al grupo socialista el protocolo de gestión de la movilidad al que se hace mención en las normas de regulación en zonas acire" que ya se le solicitó el pasado 10 de julio. Todo ello, considera el concejal, "es un signo evidente de que la documentación aprobada en Junta de Gobierno Local no cumple los requisitos que la ordenanza establece".
Ante esta situación, el concejal ha pedido al gobierno local que "dé una solución" y ponga en marcha medidas alternativas o complementarias al actual sistema de control por cámaras que permitan "la accesibilidad y movilidad en el Casco Histórico".
CONTESTACION DEL PP La respuesta del PP llegó ayer mismo de manos del primer teniente de alcalde, Rafael Navas, que pide a Aumente "que se aclare porque, si hace unos meses pedía la instalación de cámaras para quitar las pilonas que ellos mismos pusieron y que tanto destrozos ocasionaba a los vehículos, ahora se contradice y critica que se haga así". La nota también sugiere al edil que "además de investigador, proponga alternativas y aproveche el tiempo en su labor de expedición para visitar y ver cómo se está haciendo en otras ciudades gobernadas por diferentes partidos".
