La Junta de gobierno local ha solicitado al Tribunal de Cuentas el archivo de las diligencias sobre la fiscalización de las ayudas concedidas a las salas de barrio o salas deportivas que ha llevado a cabo este órgano, ya que no se ha producido «ningún efecto negativo» o «perjuicio» para la administración y, en concreto, para el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), sostiene el Ayuntamiento cordobés. El teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, informó ayer de que el Tribunal de Cuentas de Andalucía ha llevado a cabo la fiscalización de las salas de barrio de Almería, Cádiz, Córdoba y Huelva en el año 2013 y que observa irregularidades en el método de concesión de subvenciones a este tipo de instalaciones municipales gestionadas por empresas privadas. Ahora, el Ayuntamiento de Córdoba, que destina unos 300.000 euros anuales al mantenimiento financiero de estas instalaciones, deberá buscar una fórmula distinta para seguir abonando esta cantidad, toda vez que lo que ha venido a decir el Tribunal de Cuentas es que esa fórmula de subvención no es correcta, ya que no se hace de manera competitiva sino nominal.
Para pedir el archivo de las diligencias del Tribunal de Cuentas, el Imdeco argumenta que la actuación seguida con los ocho espacios deportivos que hay en Córdoba de este tipo (los institutos municipales de deportes del Naranjo, Guadalquivir, Fátima, Fuensanta, Ciudad Jardín, Valdeolleros y Margaritas, y las pistas de tenis del Santuario) no han ocasionado, como decimos, perjuicio a las arcas municipales. En el informe elaborado por el interventor delegado del Imdeco se explica que en el 2000 se inició un proceso de pase a gestión indirecta de las instalaciones deportivas de la ciudad, mediante la figura de la concesión administrativa. En los pliegos de condiciones de todas estas adjudicaciones se incluye la obligación por parte del Imdeco de mantener el equilibrio financiero de la concesión, para lo cual se compensará económicamente al concesionario por razón de las modificaciones que le ordenase introducir, que incrementarán los costos o disminuirán las retribuciones. Además, se obliga a revisar los precios públicos cuando circunstancias sobrevenidas o imprevisibles determinen, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión.
