El portavoz de la plataforma Por una Mezquita Catedral de Todos, Miguel Santiago, calificó ayer como "disparate al margen de la Constitución" la inmatriculación, por parte de la Iglesia, de 401 templos religiosos de la provincia, y explicó que "estamos en un Estado aconfesional que no se puede regir por las normas del anterior régimen, nacional catolicista", en alusión a la ley que permite al diocesano certificar la inscripción de bienes en el Registro de la Propiedad.

Miguel Santiago avanzó que la respuesta a esta situación "la tienen que dar los parlamentos" y aclaró que "si no son capaces de dar una solución democrática, tendremos que llevarlo al Parlamento Europeo". Así, aseguró que este colectivo "en ningún momento niega el uso litúrgico de esos edificios, pero otra cosa es permitir que la Iglesia se haga con el patrimonio de todos". En referencia a las declaraciones del Obispado, que explicó que la entrada a la Mezquita Catedral "jamás se ha vendido como donativo", Miguel Santiago afirmó que "es un donativo mientras no se demuestre lo contrario", y se preguntó por qué la Iglesia no informa sobre la gestión económica de este monumento, Patrimonio Mundial.