La alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el director general de Cajasur, Francisco Rapún, suscribieron ayer un acuerdo a través del cual la entidad financiera pone a disposición del Ayuntamiento una relación de viviendas ubicadas en la capital para alquiler a familias en riesgo de exclusión social. El acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para fomentar el alquiler de 55 viviendas, titularidad de Cajasur, en beneficio de personas desfavorecidas por la crisis habitacional, que se ven imposibilitadas de hacer frente a las mensualidades de alquiler o hipoteca.
Ambrosio, que ha estado acompañada por el concejal de Asuntos Sociales, Rafael del Castillo (IU), agradeció a Cajasur su disposición a colaborar con el Ayuntamiento en un asunto de la importancia de este, e hizo hincapié en la prioridad que supone atender las necesidades básicas de los cordobeses, siendo la vivienda una de las principales.
Por su parte, Rapún manifestó que este acuerdo en materia de vivienda social "viene a reforzar el compromiso social que Cajasur mantiene como una de sus principales señas de identidad, colaborando con instituciones y organizaciones para buscar soluciones a personas en situación de vulnerabilidad y colectivos más desfavorecidos". En este sentido, resaltó también la importante labor de la Fundación Cajasur en su territorio natural de implantación, con más de 200 proyectos realizados que han llegado a más de 120.000 beneficiarios solo en el 2015.
Para el concejal Del Castillo, este convenio es "fruto del trabajo que venimos desarrollando desde la Oficina municipal en materia de vivienda para poner al servicio de la ciudadanía viviendas vacías, propiedad de los bancos", e indicó que "desde el Ayuntamiento esperamos que este convenio sea el primero de muchos que firmemos con entidades bancarias en los próximos años".
REQUISITOS Las solicitudes se canalizarán a través de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, organismo que tras un estudio de la situación económica del posible beneficiario resolverá la demanda.
Entre los requisitos para acceder al alquiler social de estas viviendas están los ingresos económicos por unidad familiar, que deben ser iguales o inferiores a 426 euros mensuales, o hasta 1.597 euros si además tienen hijos menores de 18 años, personas mayores de 60, o algún miembro víctima de violencia de género o dependiente. Asimismo, ningún miembro de la familia solicitante puede tener una vivienda en propiedad o por cualquier otro título.
