La caída de la natalidad (el próximo curso se escolarizarán unos 700 alumnos de nuevo ingreso menos que hace cinco años), que corre paralela a la crisis económica, parece haber abierto la veda para que la Junta de Andalucía cierre unidades escolares, lo que ha puesto en alerta a centros públicos y concertados, que después de años con el cinturón apretado ven ahora en riesgo su futuro. En lugar de aprovechar la coyuntura para aligerar las ratios a la espera de que la natalidad se recupere, todo indica que la Consejería de Educación tiene previsto cerrar unidades en Infantil el próximo curso, lo que ha puesto en jaque a la concertada, que no ha dudado en movilizarse. La comisión provincial de conciertos, celebrada en Córdoba el viernes pasado, garantizó por parte de la Administración autonómica la continuidad de las plazas, pero dejó en el aire el futuro de las unidades de Infantil, según fuentes de Escuelas Católicas, mientras en Sevilla, Jaén, Granada o Cádiz ya tienen constancia de que habrá recortes. El proceso de escolarización se abre el próximo 1 de marzo, pero la Junta puede apurar hasta el 27 de febrero para informar de qué unidades se mantendrán y cuáles no.

A la espera de conocer la respuesta de la Junta, Escuelas Católicas (ECA) reclama en Córdoba que, si hay que suprimir unidadades «no se supriman antes de conocer la demanda y se haga en función de ello, para garantizar a los padres su derecho a elegir». Para difundir su reinvindicación, mantiene las movilizaciones anunciadas, continúa la recogida de firmas, que ya superan las 55.000, y ayer leyó ante los alumnos y profesores de sus centros un manifiesto negando que la concertada haya crecido a costa de la pública. «El 80% de los alumnos están en la pública, frente al 20% que está en la concertada». En el manifiesto, ECA pide a la Junta «que la bajada de la natalidad y el retorno de inmigrantes a sus países no sean excusa para el cierre de unidades, ni públicas ni concertadas, sino una oportunidad para que se invierta más y mejor», al tiempo que insiste en que «la enseñanza concertada supone un ahorro económico a las arcas andaluzas de unos 3.000 euros por puesto escolar». Tampoco existen datos oficiales de la Consejería de Educación sobre el coste medio por plaza de la pública y la concertada.

En este contexto de incertidumbre, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, compareció ayer y aseguró que «existe un modelo de convivencia estable entre la educación pública y concertada que está en torno al 81% - 19%» y que «las familias pueden estar tranquilas porque ningún alumno ya escolarizado perderá su derecho al concierto», aunque no aclaró si habrá recorte de plazas de Infantil. (Más información, en página 28).

Por su parte, el parlamentario andaluz por Córdoba de Podemos, David Moscoso, aseguró ayer que «en los últimos años las políticas de austeridad se han cebado con la educación pública, como lo demuestran los datos de Córdoba: 600 profesores expulsados del sistema educativo y 130 unidades de educación infantil públicas suprimidas en nuestra provincia, por parte del ejecutivo andaluz, en los últimos cinco años». En su opinión, «la única forma de garantizar la democratización de la educación es fortalecer lo que nos hace iguales, que es la educación pública». En su opinión, “esta deriva no puede continuar y debemos blindar este servicio porque nos jugamos el futuro de Andalucía en ello», por lo que aboga por «blindar la educación pública garantizando que al menos un 5% de nuestro PIB se invierta anualmente en nuestro sistema educativo público, evitando la masificación de aulas y la dotación necesaria de profesorado y recursos».

A última hora de la tarde, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, junto con el Grupo de Ciudadanos en el Parlamento, se reunió con la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), y, según fuentes de esta organización, se llegó a un principio de acuerdo en dos ideas básicas: no cerrar líneas con demanda y que cualquiera de las que se clausure pueda ser reversible en función de que un cambio en la demografía pueda posibilitar que en años sucesivos repunte la cifra de familias que soliciten plaza.