Baquerín amplía su denuncia contra el alcalde y el obispo por las inmatriculaciones

En este caso, la ampliación de la denuncia de Baquerín, a la que ha accedido Europa Press, se refiere a la ermita de los Santos Mártires, ubicada junto al Balcón del Guadalquivir y que "consta también como inmatriculada por la Diócesis, a pesar de que igualmente parece figurar como un bien de titularidad municipal en la ficha del Plan Especial del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba".

En relación con ello, el edil de UCOR recuerda en su denuncia que "se ha emitido recientemente un informe, por parte de la asesoría jurídica municipal, del que incluso se han hecho eco los medios de comunicación, que ratifica y fundamenta que la citada ermita es de exclusiva propiedad municipal y que el Ayuntamiento de Córdoba debió proceder en su día a registrarla como monumento".

Sin embargo, el Consistorio no llegó a registrar la ermita, "de lo que es fácil deducir que pudo aprovecharse la Diócesis para", en base a "los privilegios de la Ley Hipotecaria, inmatricular y por tanto atribuirse como propio un bien que era evidentemente propiedad de un tercero, en este caso del Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba y de sus ciudadanos", añadiendo Baquerín que él no dispone del citado informe y no puede aportarlo y por ello ruega al juez "que lo solicite y recabe como elemento probatorio".

La ampliación de la denuncia de Baquerín, que en su redacción original se refería ya a la Mezquita-Catedral y el Triunfo de San Rafael situado junto a la misma, entre otros monumentos, hace ahora referencia al kiosco de San Hipólito, que "fue inmatriculado por la Diócesis en el año 2005, a pesar de que" fue "construido en un dominio público y es, y ha sido siempre, de titularidad municipal, como ha venido a reconocer la propia Gerencia de Urbanismo".

Según señala Baquerín en su denuncia, "ha avanzado el procedimiento administrativo para reclamar el citado bien, que hasta la propia Diócesis ya ha reconocido como ajeno. Sin embargo nadie parece tener interés en depurar las correspondientes responsabilidades civiles y en su caso penales que pudieran derivarse de los citados hechos".

A juicio del concejal de UCOR, "No resultaría concebible que alguien procediera a usurpar un dominio público, y hasta que lo llegue a reconocer, y de ahí no se derive de forma inmediata una investigación de oficio para determinar el grado de responsabilidad penal del presunto usurpador, la dejación de funciones de los responsables la Administración local afectada y los perjuicios económicos y gastos que todo ello supone para el ciudadano y para el erario público".

PIDE AMPARO

Por otro lado, Baquerín, en el mismo escrito presentado este martes en el juzgado que ya investiga su denuncia, solicita del mismo "su amparo", pues ha tenido "noticia indirecta de que ante ese juzgado la Diócesis ha podido presentar un recurso, al que no se me ha dado acceso y que me imputaría falta de rigor y mala fe, además de incurrir en importantes contradicciones y omisiones".

En opinión de Baquerín, "resulta intolerable que la única respuesta y defensa de la Diócesis ante los hechos denunciados por este concejal, que cada vez se revelan más claros y graves, sea la de intentar manchar su buen nombre y la de enturbiar su labor pública en defensa del interés general".

En este sentido, ha insistido en que, en su condición de edil, actúa "por simple mandato de lo que dispone su propio estatuto e impone la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal", rogando al juez "que así lo tenga en cuenta y que en todo momento preserve" sus derechos y defienda su "legítimo interés en lo que resulte coincidente con el interés general, al que ambos, desde posiciones distintas, servimos y debemos servir".