Los presupuestos ya han superado su primer trámite. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento daba ayer el visto bueno al anteproyecto, que contempla rozar los 50 millones (49,9) en inversiones con la participación de sus empresas y organismos. Entre esas inversiones vuelven a aparecer la reforma del Archivo, dotada con 1,9 millones (este año disponía de 2 millones pero la partida cambió) o la mejora del recinto ferial, que contará con 305.928 euros, más o menos como en el 2017. Aunque no como inversiones, aparecen 2 millones para poner en marcha el cercanías (en el 2017 había 500.000 euros).

La cantidad de 49,9 millones es ligeramente superior (+2,2%) a la de este ejercicio, en el que el Ayuntamiento tiene 48,8 millones para invertir, según la documentación facilitada ayer. Hay que tener en cuenta que en el anteproyecto del 2017 había 1,4 millones más para inversiones que se modificaron durante la tramitación, por lo que las cifras cambiaron con la aprobación definitiva. De esos 49,9 millones, 49,1 millones son inversiones reales (un 8,20% más que en el 2017), y el resto, transferencias de capital (que caen un 74%). En total, el Ayuntamiento contará con un presupuesto de 415,4 millones, que desciende un 2,67%, por lo que tendrá 11,4 millones menos para gastar. En cuanto a ingresos, sus previsiones son percibir 417,1 millones, un 2,60% menos que en el 2017, lo que se traduce en una merma de 11,1 millones.

Excluyendo a empresas y organismos, el Ayuntamiento dispondrá de 22,1 millones para invertir, un 3,7% más que este año, en el que cuenta con 21,3 millones. De esa cantidad, 19,5 millones son inversiones reales (un 34,87% más que en el 2017) y 2,6 millones, transferencias de capital (que bajan un 61,96%). El Ayuntamiento manejará en solitario 305 millones para gastos y otro tanto para ingresos. Esa cantidad supera solo en 2 millones (un 0,92% más) a la de este año.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, incide en el «marcado carácter social» de las cuentas, que quiere tener en vigor el 1 de enero, en el «mantenimiento de los servicios públicos» y en el estímulo de la «economía social». Doblas destaca la caída de ingresos, afirmando que habrá 5 millones menos por la disminución de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado y por la incertidumbre surgida tras la sentencia sobre el impuesto de plusvalía.