El Ayuntamiento de Córdoba continúa avanzando en el desarrollo del catálogo de viviendas vacías con el fin de tener un inventario fiel a la realidad que sirva para propiciar uno de los objetivos que ya se marcó el año pasado el equipo de gobierno, y que pasa por cobrar un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas desocupadas. En las ordenanzas de este ejercicio 2016 no ha sido posible aplicarlo, porque los trabajos de confección de dicho catálogo se han ido complicando, sobre todo en lo referente a los límites de información que ha impuesto la protección de datos. Ahora, ya superado este aspecto, el Ayuntamiento trabaja «intensamente en ello», según indicó ayer la delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU).

La idea pasa por que en las ordenanzas fiscales del próximo año ya pueda figurar este incremento en el IBI. Sea como sea, fuentes municipales insistieron en que aún no se puede dar nada por cerrado. Así, recuerdan que hay pronunciamientos de algunos tribunales de diversas comunidades autónomas que apuestan por que solo es el Estado el que puede fijar qué es y qué no es una vivienda vacía, no los ayuntamientos.

El Consistorio cordobés, sin embargo, entiende que para adoptar esta medida se apoya en la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía y que eso es suficiente para poder llevarla a cabo. En su día, Doblas hizo hincapié en que «es un deber» del equipo de gobierno «usar los recursos legales que hay» en lo que denominó «una guerra contra la vivienda vacía». Desde el Consistorio siempre se ha incidido en que la medida no tiene finalidad recaudatoria, sino que persigue que se pongan viviendas en el mercado.

El papel de la empresa municipal Vimcorsa será primordial en todo el proceso que pretende emprender el Ayuntamiento para «para hacer posible el derecho a la vivienda en Córdoba» de las personas que lo necesiten, tal y como apuntó en su momento la delegada de Hacienda. Aunque son muy orientativos, los últimos datos sobre esta materia son del año 2011 e indican que en la capital hay casi 18.000 pisos desocupados.

El debate sobre este recargo del IBI para las viviendas sin uso se produce cuando el gobierno local está inmerso en la redacción del anteproyecto de ordenanzas fiscales del próximo año. El trabajo se centra ahora en incluir en el documento las propuestas que han realizado el Consejo Social y el Movimiento Ciudadano y hacerles llegar el nuevo texto para que lo revisen. Esto es una muestra más, según dijo ayer Alba Doblas, «de la participación ciudadana modélica que hay en esta ciudad».

En relación a las declaraciones de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que el pasado jueves advirtió de un más que probable incremento de algunos impuestos municipales, como el IBI, la delegada de Hacienda insistió en que esta medida vendrá motivada «por el aumento del valor catastral que ha realizado el Gobierno de Rajoy». Ambrosio indicó también que se pedirá «un mayor esfuerzo a los cordobeses que tienen un poco más para que les llegue una mayor ayuda a los que más lo necesitan», una afirmación que ayer fue criticada por el viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Salvador Fuentes, quien se preguntó «quién son los ricos de Córdoba, ¿la clase media?», indicó. Fuentes añadió que «gastar más no significa tener que pedir más impuestos a los ciudadanos, sino gastar mejor».