El portavoz del gobierno local en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torricon (PP), ha informado de que este martes se le ha remitido un escrito al Consejo de Distrito Sur en el que se le notifican las condiciones o requisitos "necesarios" para avanzar en el proceso de cesión del antiguo Colegio Rey Heredia, como son la fórmula jurídica, los gastos de mantenimiento y el desalojo previo del inmueble, ocupado por la Acampada Dignidad desde octubre del año pasado.

En una rueda de prensa, el también concejal de Presidencia ha destacado que la respuesta al Consejo de Distrito "va en la línea de cumplir con los requisitos legales, administrativos y de usos" que desde el Ayuntamiento se entienden que "debe tener este tipo de cesión".

Así, se le ha comunicado al presidente del Consejo de Distrito, Antonio de la Rosa, que "lo primero que debe hacer el Consejo de Distrito es que una entidad de participación ciudadana, pero que carece de personalidad jurídica, debiera articularse como una asociación sin ánimo de lucro y estar debidamente inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones, de forma previa a optar a la cesión".

Al respecto, Torrico apunta que es "un requisito jurídico indispensable", dado que "las distintas asociaciones y colectivos que forman el Consejo de Distrito lo primero que tienen que hacer es articularse con personalidad jurídica, con un CIF, para optar a la cesión".

En segundo lugar, detalla que por parte del Ayuntamiento "no es posible asumir ningún gasto de mantenimiento del inmueble, que conllevaría estar en una situación de injusticia, desequilibrio o agravio frente a otros colectivos y entidades, que se hacen cargo del uso de inmuebles municipales, algunas de ellas pagando un canon". Si bien, aclara, "el Ayuntamiento no asume los gastos de mantenimiento ni agua ni electricidad".

También, el edil señala que se le ha comunicado que "pudieran optar a las distintas convocatorias de subvenciones o ayudas para actividades que se desarrollaran en el mismo centro, pero no para los gastos de mantenimiento del centro".

Y en tercer lugar, subraya que se ha reiterado que es "un requisito imprescindible e irrenunciable" para el Consistorio que "previamente a formalizar una futura cesión, el edificio tiene que estar desalojado". Y es que, agrega, es "de sentido común" que los servicios municipales antes de proceder a formalizar la cesión, "después de los parabienes jurídicos y administrativos necesarios", deben comprobar el estado del edificio, el inventario de los bienes que el Ayuntamiento dejó y la situación general del edificio, "por si fuera necesario acometer algún tipo de reforma estructural, que iría a cargo del Ayuntamiento".

Todo ello, según ha añadido, "no se puede hacer mientras esté ocupado el edificio", de manera que "el requisito previo, necesario e imprescindible para el Consistorio para concretar el expediente de cesión, no puede darse si no habido un desalojo previo por parte de los actuales ocupantes", ha apostillado el portavoz del gobierno local.

En cualquier caso, ha destacado que tras el desalojo, el plazo para la entrega sería "el mínimo", que "permitiera realizar las verificaciones de los servicios municipales, examinar el estado del edificio y documentar que está en condiciones óptimas para el uso".

"ABIERTO AL DIÁLOGO"

De este modo, el concejal subraya que el Ayuntamiento sigue "abierto al diálogo", en este caso con el Consejo de Distrito Sur, que es "el órgano establecido según los reglamentos municipales de participación ciudadana", puesto que, añade, "otras entidades que puedan optar a la cesión, las desconocemos".

Asimismo, defiende que el Consistorio "no puede renunciar al cumplimiento de la legalidad" y en relación a la creación de la asociación, explica, "no tenemos ningún inconveniente en que se enriquezca por parte de los colectivos que el Consejo de Distrito Sur entienda necesario, sin desvirtuar el uso ciudadano y de participación que en su momento se sacará la concesión del inmueble".

Entretanto, Torrico indica que se han mantenido conversaciones con el Consejo de Distrito para la cesión, de hecho recuerda que "se dio a conocer en su día el escrito del 5 de junio de 2013 en el que se contempla la posibilidad y se daban los primeros pasos para la cesión al movimiento ciudadano del distrito por un plazo de entre dos y cinco años de ese edificio".

Esa era la situación en la que "el gobierno local trabajaba cuando se produjo la ocupación ilegal del centro", que fue "lo que retrasó y torpedeó el proceso normal de cesión al movimiento ciudadano al Consejo de Distrito Sur, que era el que lo había solicitado", principalmente entre otros colectivos.

Tras el auto de desalojo de Juzgado de Instrucción, que "luego se paralizó", el Consistorio le planteó al Consejo de Distrito Sur que se iba a "retomar el interés por ceder" el espacio al Consejo de Distrito "para desarrollar usos ciudadanos relacionados con la participación vecinal en el distrito". La última de las reuniones con el Consejo de Distrito se celebró en julio.

OTROS EDIFICIOS

Por otra parte y en relación a otros edificios que puedan cederse en la capital, el concejal de Presidencia ha comentado sobre la antigua prisión de Fátima, que se han celebrado reuniones del alcalde, José Antonio Nieto, con el Consejo de Distrito de Levante y la plataforma por el uso de la prisión, y espera que "se pueda poner en uso y funcionamiento el espacio en el primer trimestre del año que viene".

En este sentido, apunta que "requería de una inversión importante para su culminación, fundamentalmente porque no se hizo en su momento la terminación completa, con las obras que se hicieron a cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local".