Al menos dos meses son los que lleva el Ayuntamiento de Córdoba sin servicio de correo, es decir, sin poder enviar ni una carta a un ciudadano, a otra administración o a sus propios trabajadores, ni notificar, por ejemplo, una multa de tráfico. Apenas se están salvando algunos servicios. El ERE sufrido en la empresa de mensajería Unipost, la que hasta hace poco se encargaba del reparto en el Consistorio, ha dejado fuera de juego este importante departamento municipal que comunica a la Administración local con el resto del mundo.

Lo que al menos sí ha seguido funcionando es la correspondencia interna dentro del propio Ayuntamiento, y entre este y sus empresas y organismos municipales. El problema tampoco ha afectado a las comunicaciones que, cada vez más, se hacen por vía telemática (las comunicaciones judiciales, por ejemplo).

El concejal de Gestión, Antonio Rojas, confirmó ayer esta circunstancia que afecta al reparto externo del Ayuntamiento de Córdoba, aunque indicó que están trabajando para llegar a un acuerdo temporal con Correos para poder salvar esta coyuntura hasta que se adjudique el contrato definitivo. Además, también confirmó que actualmente los envíos muy urgentes los están haciendo a través de la empresa Seur, si bien no supo determinar el coste que están teniendo dichos envíos o el que tendrá la contratación del servicio de manera temporal con Correos hasta la adjudicación definitiva del contrato.

Según explicó hace unos meses el concejal socialista, la licitación definitiva que Gestión tiene pendiente para este servicio dispone de un importe global de 1,8 millones de euros. Que no haya salido adelante aún este contrato se ha debido, entre otros motivos, a que ha habido que incluir una cláusula en el pliego para que las empresas de mensajería aspirantes gozaran de fe pública, es decir, pudieran hacer notificaciones administrativas. La nueva ley de contrataciones que entró en vigor el 9 de marzo, tampoco está ayudando a agilizar el proceso. El problema del retraso preocupa en aquellas notificaciones que prescriben, como es el caso de las multas de tráfico, si bien la Administración dispone de 6 meses para notificar las sanciones leves y hasta un año, para las graves, por lo que de momento no habría problema con ninguna.