Las aulas de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Córdoba volvieron a quedar semivacías ayer (víspera del viernes festivo con motivo del Día de Andalucía) con un seguimiento de la huelga de un 73%, 51% y 66% respectivamente, según la Delegación de Educación, lo que no se tradujo en una presencia masiva de alumnos en la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes, que solo consiguió reunir a unos 300 jóvenes en la manifestación que transcurrió desde el Bulevar a la Subdelegación del Gobierno y que fue secundada también por FETE-UGT, que criticó que "una vez más, el Ministerio de Educación implante reformas sin consenso político ni social, sin debate y sin haber realizado una evaluación de las enseñanzas del plan Bolonia". CCOO, que no acudió a la convocatoria, también mostró ayer el respaldo a las movilizaciones estudiantiles. A pesar de ello, Laura Cuevas, portavoz del Sindicato de Estudiantes en Córdoba, calificó de "éxito masivo en las enseñanzas medias" el seguimiento de la huelga registrado en Córdoba e insistió en que "los estudiantes no podemos esperar a que llegue un nuevo gobierno que cambie esta norma porque lo que está en juego es el derecho de los hijos de los trabajadores a estudiar en igualdad de condiciones". Según el sindicato estudiantil, "la reducción de los grados a 180 créditos supondrá su completa devaluación, convirtiendo el título en papel mojado" ante lo cual, "nos veremos obligados a cursar dos años de máster con precios impagables para la mayoría".

En la Universidad de Córdoba, donde los estudiantes comparten el rechazo a la medida pero no la conveniencia de una huelga, la jornada transcurrió con total normalidad. La Junta de Andalucía, que ya mostró su rechazo a la aplicación inmediata del decreto "porque rompe el principio de igualdad, nace sin consenso y supone un nuevo recorte encubierto del gasto público" ha dado otro paso esta semana con la reunión de la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín y el Consejo de Estudiantes de la UCO, cuyo objetivo es buscar vías para equiparar el precio de máster y grado. El objetivo es evitar que "suba el precio de la carrera universitaria, atentando así a la igualdad de oportunidades".