La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mostró ayer su "pleno rechazo" a la privatización de la seguridad penitenciaria y anunció que adoptará "cuantas medidas sean necesarias" para impedir que este proceso conlleve el cambio forzoso de destino de guardias civiles.

En un comunicado, la AUGC informó de que a partir de ayer se inició la "segunda fase de la privatización" de la seguridad penitenciaria, que supone la incorporación de vigilantes de seguridad privada a todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior (67), mientras que en la primera fase experimental se había implantado en 21 prisiones, una de ellas la de Córdoba.

Así, según AUGC, en mayo de 2013 se incorporaron al centro penitenciario de Córdoba diez vigilantes de una empresa de seguridad, pero para la segunda fase del proceso se ha adjudicado el contrato a otra, produciéndose una subrogación de los vigilantes entre ambas. A pesar de ello, la asociación señala que algunos quedan fuera del dispositivo e incluso pueden llegar a quedar en situación de desempleo, originándose así una "preocupante situación" de la que ya venía avisando AUGC, y es que "dichos vigilantes han tenido acceso durante mucho tiempo a información muy sensible", como datos de personas y vehículos que acceden al centro penitenciario --incluyendo los de funcionarios de instituciones penitenciarias y cuerpos policiales-- o el estado de los sistemas de videovigilancia instalados en los centros de control, "conociendo qué cámaras están averiadas o qué zonas originan falsas alarmas".

AUGC apunta en el comunicado que, según la Dirección General de la Guardia Civil, esta segunda fase tendrá una duración de 12 meses, pudiéndose prorrogar por un periodo de otros 12, tal como se acordó el pasado día 11 de septiembre.