Rafael Goméz, su esposa y tres de sus hijos están más cerca de sentarse en el banquillo después de que la Audiencia Provincial de Córdoba haya desestimado el recurso para que no fueran juzgados por fraude. Hay que recordar que la Agencia Tributaria les reclama 70 millones de euros en impuestos correspondientes a cuatro ejercicios fiscales. En un auto al que ha tenido acceso este diario, la sección tercera de la Audiencia considera que "existen indicios suficientes de criminalidad para poder presentar un escrito de acusación" toda vez que "la base indiciaria de las diversas imputaciones" se encuentra en las pruebas de los peritos, que una vez han sido contrastadas con otros dictámenes "han de ser valoradas ya en el acto del juicio".
El juzgado de Instrucción número tres dictó un auto en julio del 2009 en el que se detalla que las diligencias se inician por diferentes denuncias de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía, y en ellas se imputaba a Gómez por el impago de 69,9 millones del impuesto de sociedades de seis empresas. Se trata de las sociedades mercantiles Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2001 de Inversiones, Grupo Inversor Arenal 2000, Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez, Grupo Inmobiliario Arenal 2000 y Mezquita Sur de Inversiones.
La jueza ordenaba el embargo preventivo de distintas propiedades familiares, entre ellas cinco fincas rústicas en Santa María de Trassierra y otras cuatro en Freila y Gorafe (Granada), además del embargo preventivo de la sede de Arenal 2000, junto a las naves de la carretera de Palma del Río que levantó sin licencia y que le ha supuesto una multa de 20 millones.
Los apelantes argumentaron en el recurso que en decisión de la instructora "no hay indicios de actividad delictiva y no razona el porqué", pero la sala estima que para exponer una resolución judicial como este "la motivación que echan en falta no es inconciliable con una economía de razonamientos ni con la concisión".
Los magistrados apuntan que "en el acto de la vista podrán desarrollarse con toda extensión las argumentaciones" referidas a este extremo, ya que lo aducido por Gómez y su familia "no permite excluir en este momento procesal el propósito defraudatorio de cuya indiciaria presencia parten las resoluciones dictadas por el juzgado de Instrucción".
Gómez está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo sobre la sentencia del caso Malaya. La Audiencia de Málaga le condenó a seis meses de prisión eludible con el pago de 1.800 euros y una multa de 150.000 euros por cohecho y la inhabilitación. El concejal de UCOR recurrió esta decisión y también el fiscal, y en caso de que el Supremo apoyara a este último tendría difícil presentarse a las elecciones municipales.
