La Junta no solo planea el traslado de sus órganos judiciales a la Ciudad de la Justicia, sino que ya tiene en mente a qué destinar el edificio de la Audiencia provincial, situado en la confluencia de la avenida del Aeropuerto y Conde Vallellano, cuando se quede vacío. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, estuvo ayer en Córdoba y dio a conocer los planes que tiene esta administración para el edificio que posee 12.000 metros cuadrados construidos, al que pretende trasladar la Delegación del Gobierno, de la que depende Justicia e Interior, y Hacienda y Administración Pública; y la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Para llevar a cabo esa mudanza, la Junta reformará el edificio de los años setenta, que necesitará una inversión de 10 millones, con la que, por un lado, se ahorrará 500.000 euros al año en alquileres, y por otro, aglutinará en el mismo espacio «todo lo que tiene que ver con los trámites de un área» para evitar los desplazamientos de los ciudadanos, según indicó Montero. El edificio de la Audiencia tiene capacidad para acoger a 550 trabajadores. La idea de la Junta es dedicar las plantas sobre rasante a oficinas administrativas, que ocuparán 10.167 metros cuadrados, y ubicar en la baja los servicios generales. El archivo, almacén y los locales de instalaciones ocuparán los 2.173 metros del sótano.

Los planes de la Junta son sacar a concurso antes de final de mes la redacción del proyecto y la dirección de obra, con la idea de recibir las ofertas este mismo verano. Montero explicó que si el proceso de licitación se prolonga entre tres y cuatro meses, «antes de final de año tendremos conocimiento del proyecto de rehabilitación». A partir de ahí comenzará el proceso para adjudicar las obras, que, si se cumplen los planes de la Junta, saldrán a concurso antes de que acabe el año y se adjudicarán a final del primer semestre del 2018. Las previsiones de la Junta son iniciar la reforma en el segundo semestre del 2018, cuando sus actuales moradores estén en la Ciudad de la Justicia.

La Junta espera tener el edificio rehabilitado en dieciocho meses, la mitad del tiempo que realmente necesita, ya que va a utilizar la metodología BIM, fórmula de trabajo en proyectos de edificación y obra civil que permite reducir los plazos y por la que, según expresó, Montero, Córdoba se convertirá «en un referente en la construcción pública». La consejera indicó que los presupuestos de la Junta del año que viene incluirán partidas para esta reforma, que, con los plazos previstos, podría estar acabada en el 2020.

La consejera no ha desvelado qué pasará con los edificios que quedarán libres, como el de la Delegación del Gobierno de San Felipe, que «es alquilado pero seguirá siendo utilizado por parte de la Junta por ser emblemático». Las otras dos áreas que dependen de esta delegación, Justicia y Hacienda, ocupan ahora los edificios de Tomás de Aquino y Gondomar. Por su parte, la delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo está repartida, entre otros, en Manríquez y Tomás de Aquino.