La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba, Futura, con la colaboración de la Fundación Cajasol, organizó ayer en su sede, en Ronda de los Tejares 32, la charla-coloquio Una mirada a la nueva ley de seguridad ciudadana: ¿Una mordaza a las libertades cívicas? En este debate, moderado por Mercedes Mayo, vocal de la junta directiva de Futura, intervino el magistrado Ignacio González Vega, miembro de Jueces para la Democracia y directivo de la asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel).
El titular del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid abordó en su intervención, según un comunicado de Futura, la entrada en vigor desde el pasado 1 de julio de la ley de protección de la seguridad ciudadana, aprobada en el Congreso con los votos a favor del Partido Popular "y el rechazo del resto de grupos parlamentarios y desatendiendo las críticas y recomendaciones de movimientos sociales y oenegés, de la Unión Europea e incluso de la ONU". La también denominada ley mordaza se encuentra actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional y "existe el compromiso firme de su derogación si en la próxima legislatura cambia la mayoría parlamentaria", anadió Futura.
Para la Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba la nueva legislación "afecta especialmente a los derechos de manifestación, de reunión, a la libertad de expresión, a la información, a la libertad personal y de huelga, comportando una de las mayores restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas de toda la etapa democrática". Esta reforma legislativa, según Futura, "es la respuesta del Gobierno al incremento de manifestaciones ciudadanas nacidas de la tensión del desmantelamiento del estado social, convirtiendo por tanto un conflicto social en un conflicto de orden público".
