No realizar los informes de inspección, ni las obras en los que estos pueden derivar, conlleva sanciones, aunque para Al-Zahara ese no es el mayor problema, ya que en los nueve años de ordenanza en Córdoba no se están aplicando. Uno de los inconvenientes que están surgiendo es que las aseguradoras empiezan a exigir la revisión. «¿Qué pasará si tenemos un incidente en nuestra vivienda y se nos ha pasado cumplir con la obligación legal: el seguro pasará de nosotros», afirma.

No obstante, el mayor problema para Al-Zahara son las ayudas para las obras, sobre todo, en un momento en el que «se restringen por parte del Ayuntamiento y la Junta» y en el que no terminan de llegar las estatales. Por ello, considera la situación «inaceptable» y demanda «ayudas o moratoria».

La federación acordó en la asamblea seguir negociando con Urbanismo, que trabaja en una ordenanza con la que pretende dar un giro a la actual y marcar prioridades teniendo en cuenta la antigüedad de los edificios, si están protegidos o no, la tipología y las zonas de la ciudad. Urbanismo no descarta que se centre en los bloques, ya que la normativa estatal no recoge las viviendas unifamiliares, que la municipal sí incluye, e introduzca cambios en la accesibilidad, que limita a muchos edificios en los que no se puede instalar ascensor.